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Pallasca: Fiscalía investiga a directiva de Asociación Cabanista por crimen organizado
Fraude, falsificación y poder: la oscura trama detrás de la toma de la Asociación Cabanista.
Conflicto interno en Asociación Cabanista. La institución, símbolo de identidad para cientos de ciudadanos originarios de Cabana, Pallasca (Áncash) que residen en Lima, se encuentra en el centro de una grave denuncia penal. La disputa por su dirección, lejos de un conflicto interno ordinario, ha escalado al ámbito del crimen organizado. El caso ya no lo maneja una fiscalía penal común: el Cuarto Despacho Provincial Penal de La Victoria – San Luis decidió inhibirse y trasladó la carpeta a la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada (FECOR).
La fiscal María Rojas Chupillón, titular del despacho penal, analizó los hechos y detectó indicios de una estructura organizada detrás de la presunta apropiación de la directiva de la asociación. El expediente N.º 506014505-2024-2784-0 ahora lo gestiona la unidad especializada, que deberá investigar si se constituyó una organización criminal con fines ilícitos dentro de una institución sin fines de lucro.
Un golpe a la institucionalidad que va más allá de un conflicto interno en Asociación Cabanista
Según la Fiscalía, un grupo de socios liderado por Virgilio Espinoza Herrera tomó control de la Asociación Cabanista sin respetar el proceso estatutario. Para ello, habrían falsificado actas, convocatorias y documentos notariales. Además, inscribieron de forma fraudulenta su supuesta Junta Directiva en Registros Públicos, con declaraciones juradas inexactas. Todo indica una operación estructurada, con división de tareas, planificación previa y un objetivo claro: administrar la asociación y sus recursos.
Los involucrados en esta presunta red delictiva —además de Espinoza Herrera— son Edith Juana Guzmán Loayza, Luz Marina Sifuentes Reyes, Wilma Azaña Lozano, Julia Sáenz Cabanillas, Esther Espinoza Ubillus, Abraham Loli Herrera Uriol, Oliver Barrientos Dueñas, Clemente Vivar Herrera, Dominga Cama Peves, Cecilia Rossana Delgado Ingunza y Beatriz Magdalena Delgado Malpartida. Todos afrontan investigaciones por falsificación de documentos, fraude en la administración de personas jurídicas y organización criminal, en agravio del Estado.
Los agraviados: socios que defienden el legado institucional
Los denunciantes, también socios de la Asociación Cabanista, afirman que el grupo investigado despojó a la institución de su patrimonio, documentos y recursos económicos. Entre ellos figuran Julia Mercedes Manrique Manrique, Delia Violeta Rojas Carbajal, Agustín Wilson León Zevallos, Jorge Enrique Sifuentes Reyes y Andrés Francisco Hidalgo Sifuentes. Ellos aseguran que se violaron los estatutos, se vulneró la legalidad y se afectó la finalidad solidaria y cultural de la entidad.
¿Qué está en juego?
Fundada el 29 de setiembre de 1942 y formalizada el 28 de mayo de 1943, la Asociación Cabanista representa mucho más que sedes institucionales en el distrito de Puente Piedra y La Victoria o una directiva. Su inscripción en Registros Públicos desde 1943 avala su rol como punto de encuentro, memoria y acción colectiva de los cabanistas en Lima. Lo que está en disputa no es solo un puesto dirigencial, sino la legitimidad de una institución que ha servido durante más de 80 años a la comunidad.
La importancia del paso a Fiscalía de Criminalidad Organizada
La decisión de la fiscal Rojas Chupillón marca un punto de quiebre. Calificar el caso como crimen organizado implica reconocer patrones que van más allá de un conflicto interno en Asociación Cabanista. Significa investigar estructuras, jerarquías y posibles delitos en cadena. También eleva el nivel de responsabilidad penal para los implicados. De comprobarse los hechos, la sanción no solo sería administrativa o civil, sino penal, con eventuales penas privativas de libertad.
Un conflicto interno en la Asociación Cabanista que marca precedente
Este caso podría sentar un precedente para otras asociaciones migrantes o instituciones sin fines de lucro. En muchas de ellas, la falta de vigilancia, la informalidad en los procesos internos o la concentración de poder abre la puerta a manejos irregulares. La Asociación Cabanista, que nació como un espacio para fortalecer los lazos entre migrantes andinos en Lima, hoy se enfrenta al desafío de proteger su legado de las prácticas que buscan apropiarse de lo colectivo para fines personales.
La Fiscalía ya dio el primer paso. Ahora la verdad debe abrirse paso entre documentos falsificados y estructuras de poder. La justicia tiene la palabra.
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