La muerte de periodista Ruth Melissa Alfaro Méndez volvió al centro del debate judicial en Lima. La Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria condenó por unanimidad a Vladimiro Montesinos Torres a 20 años de prisión por el homicidio calificado de la periodista y de Víctor Ruiz León, además de tentativa de homicidio contra Alejandro Zúñiga Paz, Ricardo Letts Colmenares y Carlos Arroyo Reyes, todos atacados con sobres bomba en 1991.
Muerte de periodista: qué resolvió la justicia en Lima
El fallo establece que Montesinos tuvo responsabilidad en los crímenes cometidos mediante sobres explosivos enviados contra personas consideradas objetivos del aparato de inteligencia de la época. La decisión judicial también rechaza el pedido de prescripción presentado por la defensa del exasesor presidencial y permite cerrar una etapa clave de este largo proceso.
La muerte de periodista Ruth Alfaro no fue un hecho aislado. El caso forma parte de una serie de atentados con explosivos camuflados en sobres manila durante 1991. Según la acusación fiscal, esos ataques respondieron a una política de persecución desde el poder contra personas señaladas como supuestos vínculos del terrorismo o defensoras incómodas de derechos humanos.
Reparación civil para víctimas y familiares
La sala ordenó el pago de S/ 500 mil para los deudos de Ruth Melissa Alfaro Méndez y Víctor Ruiz León, de forma individual. También dispuso S/ 200 mil para los familiares de Alejandro Zúñiga Paz y S/ 50 mil para Ricardo Letts Colmenares y Carlos Arroyo Reyes.
Este punto resulta clave porque reconoce que el daño no terminó con el atentado. Las secuelas alcanzaron a las víctimas sobrevivientes y a las familias que cargaron durante años con las consecuencias de estos crímenes.
Sobres bomba en 1991: el contexto del caso Montesinos
La muerte de periodista Ruth Alfaro ocurrió el 10 de octubre de 1991 como consecuencia de la explosión de un sobre bomba. Víctor Ruiz León murió también por un ataque similar el 21 de junio de ese año. Alejandro Zúñiga Paz recibió otro sobre explosivo el 15 de marzo y quedó herido en un brazo. Ricardo Letts Colmenares fue atacado el 16 de octubre en su oficina del Parlamento.
La fiscalía sostuvo que los sobres bomba formaron parte de una estrategia para eliminar a personas consideradas enemigas del régimen de entonces. En esa línea, atribuyó a Montesinos la orden de ejecutar esos envíos tras recibir reportes de inteligencia sobre supuestas vinculaciones terroristas.
Penas Sandoval fue absuelto en el caso
La sala absolvió al coronel en retiro Víctor Penas Sandoval por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa contra Zúñiga Paz, Letts Colmenares y Arroyo Reyes. Esa decisión lo deja fuera de responsabilidad penal en este proceso específico.
Presencia internacional en la audiencia
La lectura de sentencia contó con la presencia de un representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Esa participación mostró la relevancia del caso por su vínculo con graves violaciones a los derechos humanos y con el uso del aparato estatal contra civiles.
Un fallo que golpea la impunidad
La muerte de periodista en este caso no solo expone un crimen brutal. También revela cómo el poder político y los servicios de inteligencia pudieron operar al margen de la ley en uno de los periodos más oscuros del país. La sentencia contra Montesinos no borra lo ocurrido, pero sí deja un precedente importante frente a décadas de impunidad.
Por su parte, el exjefe de inteligencia durante el gobierno de Alberto Fujimori, sostuvo ante los jueces que no existía fundamento jurídico para calificar los atentados con sobres explosivos como delitos de lesa humanidad, ya que la Ley 32107 establecía la prescripción de tales crímenes si se cometieron antes del 1 de julio de 2002. Montesinos enfatizó: “Tiene plena vigencia en el Estado, delimitando la aplicación temporal del delito de lesa humanidad a partir del 1 de julio de 2002 en adelante y no de manera retroactiva como ha estado utilizando el Ministerio Público para hechos de 1991”.
El fallo resume una verdad incómoda: cuando el Estado convierte a civiles en objetivos, la democracia se rompe desde adentro. Por eso, este caso no solo mira al pasado. También lanza una advertencia al presente.
