Espejo colectivo
Masacre en Pataz: 13 mineros asesinados ante un Estado cómplice y ausente
Pataz sangra y el Estado se borra: la masacre que desnuda la complicidad del poder
Masacre en Pataz. El reciente asesinato de 13 mineros en la provincia de Pataz, región La Libertad, no solo representa una nueva tragedia en la sierra peruana, sino también el síntoma más crudo del colapso del Estado frente al crimen organizado. En una zona asediada por bandas armadas que disputan el control de minas ilegales y rutas del oro, la violencia no es novedad, pero la magnitud del ataque confirma que el país ya cruzó el umbral del desgobierno.
Mientras los cadáveres se acumulaban en los socavones, la presidenta Dina Boluarte no esbozó una sola línea estratégica clara. Su gobierno se ha limitado a enviar policías sin inteligencia previa ni planificación, reaccionando siempre tarde y mal. La misma incapacidad se repite frente al avance de las mafias en otros sectores: músicos extorsionados por tocar en fiestas populares, transportistas obligados a pagar cupos, colegios amenazados y mercados bajo control criminal. El Estado ha perdido presencia y autoridad en vastas zonas del país.
Congreso no legisla para fortalecer la seguridad.
Peor aún, el Congreso de la República —dominado por bancadas que fungen de operadores de intereses privados— no legisla para fortalecer la seguridad, sino para debilitarla. Proyectos como la ley que limita el accionar de la Unidad de Inteligencia Financiera o los intentos de recortar funciones al Ministerio Público, favorecen el lavado de activos y la impunidad. En lugar de cerrar filas contra el crimen, se han convertido en sus aliados funcionales.
La masacre en Pataz no es un hecho aislado. Es el resultado de una política de seguridad inexistente, de un Ejecutivo sin liderazgo y de un Legislativo que, con cada ley aprobada, abre las puertas a la criminalidad.
El país necesita más que discursos y promesas huecas. Urge un plan integral, coordinado y descentralizado de seguridad pública, que articule inteligencia, inversión social y fortalecimiento institucional. Porque si Pataz arde hoy, mañana puede ser cualquier otra provincia. El tiempo se agota.
