Pallasca
Martín Espinal, acusado de apoderarse de las obras en Pallasca
Martín Espinal Reyes es considerado consejero constructor.
En la provincia de Pallasca, región Áncash, el exconsejero regional Martín Espinal Reyes enfrenta serias acusaciones por presuntamente apoderarse de las obras públicas. Diversos alcaldes distritales han señalado que Espinal habría ejercido un control indebido sobre proyectos de infraestructura, utilizando su influencia para direccionar contratos y beneficiar a su entorno cercano.
Según testimonios recogidos por medios locales, Martín Espinal, acusado de apoderarse de las obras en Pallasca, no ejecutaba las obras a su nombre, sino que lo hacía a través de terceras personas. Se le acusa de estar detrás de la ejecución de colegios, carreteras y mantenimiento de canales, ocultando su participación directa. El alcalde de Pallasca, Nicolás Risco Orbegozo, afirmó que Espinal «se ha equivocado de funciones», dedicándose a ejecutar obras en lugar de fiscalizarlas.
Estas denuncias se suman a las investigaciones en curso por el caso «La Centralita», una red de corrupción que operaba en Áncash durante la gestión del exgobernador César Álvarez Aguilar. Colaboradores eficaces han vinculado a Espinal con esta organización, señalándolo como parte del aparato central que planificaba y ejecutaba actividades ilícitas en perjuicio del Estado. La Fiscalía ha solicitado 15 años de prisión para Espinal por el delito de asociación ilícita para delinquir.
Martín Espinal, acusado de apoderarse de las obras en Pallasca: Exigen investigación exhaustiva
La situación ha generado preocupación entre los pobladores de Pallasca, quienes exigen una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares para los responsables. La falta de obras y el presunto uso indebido de recursos públicos han afectado el desarrollo de la provincia, una de las más postergadas de la región.
Mientras tanto, Espinal ha negado las acusaciones, asegurando que demostrará su inocencia en el proceso judicial. Sin embargo, las pruebas y testimonios en su contra continúan acumulándose, y la justicia deberá determinar su responsabilidad en los hechos denunciados.
La ciudadanía espera que este caso marque un precedente en la lucha contra la corrupción en las regiones del país, y que se garantice la transparencia en la ejecución de obras públicas.
