A la crisis del control concurrente, se suma el déficit presupuestario de la Contraloría.
La Contraloría General de la República se encuentra en un momento crítico. Durante su intervención en la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, el contralor general César Aguilar Surichaqui explicó que el control concurrente, una de las medidas impulsadas por la gestión anterior, no ha dado los resultados esperados. Este modelo, que buscaba garantizar un control más eficiente y a tiempo sobre el uso de los recursos públicos, no logró el retorno prometido. Ante esta situación, se evalúa su continuidad y mejora, previa a un análisis de costo-beneficio que determinará si realmente vale la pena mantenerlo.
La falta de recursos pone en peligro no solo el control concurrente, sino toda la fiscalización
El control concurrente no ha sido la única preocupación de Aguilar Surichaqui. El presupuesto asignado a la Contraloría por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para este año, que apenas alcanza los S/ 968 millones, resulta insuficiente para llevar a cabo las tareas de fiscalización necesarias. Ante esta restricción económica, la Contraloría ha tenido que reducir sus metas de control en un 33%, priorizando el control posterior. Esta medida permitirá identificar posibles responsabilidades penales, civiles o administrativas de los funcionarios públicos, pero también limita las capacidades de intervención preventiva que tanto demandan los ciudadanos.
El contralor subrayó que los recursos disponibles solo alcanzan para pagar la planilla de los trabajadores con contrato determinado hasta mayo. No obstante, aclaró que esta medida no implica el cierre de la institución, sino que se trata de un ajuste para mantener el funcionamiento básico. “Una cosa es la planilla y otra es el costo operativo”, enfatizó, dejando claro que la situación económica afecta más allá de los salarios.
Impacto en los trabajadores y la estructura de la Contraloría
La falta de un marco presupuestario adecuado también ha afectado a los 2,900 trabajadores que ingresaron tras el último concurso público. Debido a la insuficiencia de recursos, la Contraloría ha decidido no renovar sus contratos, lo que generará una reducción significativa en el personal encargado de la fiscalización. Esta decisión no solo refleja los desafíos financieros de la institución, sino que también pone en evidencia las consecuencias de haber contratado sin considerar el marco presupuestario adecuado en gestiones anteriores.
Reingeniería urgente: ¿Qué sigue para la Contraloría?
El contralor también anunció una reingeniería del Sistema Nacional de Control (SNC). Esta reforma tiene como objetivo mejorar la eficiencia de la fiscalización pública, adaptándose a las restricciones presupuestarias actuales. Sin embargo, la reingeniería dependerá de una asignación adicional de recursos, algo que aún no se ha concretado. Aguilar Surichaqui resaltó que la necesidad de una mayor asignación presupuestaria se ha planteado a exfuncionarios del MEF, al actual ministro de Economía y a altos funcionarios del gobierno, incluyendo la Presidencia de la República y el Congreso, pero hasta ahora no ha habido una respuesta favorable.
Fiscalización en tiempos de crisis
Durante su intervención, el contralor también presentó un informe sobre las acciones implementadas en el control interno de las entidades del Estado. Entre los casos destacados se encuentran el control ambiental relacionado con la contaminación del río Santa en Áncash y la fiscalización del Proyecto Virú Mar en La Libertad. Estos casos reflejan el trabajo realizado por la Contraloría en áreas clave, pero también evidencian las limitaciones que enfrenta la institución para cumplir con su misión de manera más extensa y efectiva.
Un futuro incierto para la Contraloría
A medida que la Contraloría se enfrenta a la falta de recursos y a la escasez de personal, el futuro de la fiscalización en el país depende de las decisiones que se tomen en los próximos meses. La reingeniería del Sistema Nacional de Control es una medida necesaria, pero no basta para asegurar que la Contraloría mantenga su efectividad. Sin una asignación presupuestaria adecuada, la lucha contra la corrupción y el control del gasto público seguirán siendo tareas cada vez más difíciles.
La situación es clara: la Contraloría necesita más recursos para cumplir con su misión. El control concurrente y otras medidas fiscales no pueden mantenerse sin un cambio significativo en la asignación de presupuesto. La transparencia y la fiscalización del gasto público están en juego, y el país necesita saber si el gobierno responderá a estas demandas urgentes. La pregunta es: ¿actuarán las autoridades antes de que sea demasiado tarde?
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