Espejo colectivo
Del poder al presidio: Ollanta Humala y Nadine Heredia sentenciados a 15 años
15 años por el delito de lavado de activos agravado.
El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó a 15 años de prisión efectiva al expresidente Ollanta Humala y a su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia, tras hallarlos responsables del delito de lavado de activos agravado. El tribunal determinó que la pareja recibió y ocultó fondos ilícitos destinados a financiar las campañas presidenciales del Partido Nacionalista Peruano en los años 2006 y 2011.
Ambos permanecerán recluidos en establecimientos penitenciarios hasta el 28 de julio de 2039, tomando en cuenta el periodo que ya cumplieron en prisión preventiva entre el 14 de julio de 2017 y el 30 de enero de 2018.
Lavado de dinero desde Venezuela y Brasil
Durante la lectura del adelanto de sentencia, la jueza Nayko Coronado Salazar precisó que Humala y Heredia incurrieron en lavado de activos al aceptar dinero no declarado proveniente de fuentes extranjeras. El tribunal acreditó que el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, aportó de manera irregular unos 200 mil dólares para la campaña del Partido Nacionalista en 2006, los cuales ingresaron al país mediante canales no oficiales, a través de la empresa venezolana Kayzamak.
Asimismo, la Fiscalía demostró que en 2011 la pareja recibió al menos 3 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para financiar la campaña que llevó a Humala a la presidencia. Según declaró Marcelo Odebrecht, ex CEO del grupo empresarial, ese dinero se entregó con la expectativa de ganar influencia en un eventual gobierno del Partido Nacionalista.
Las investigaciones confirmaron que los responsables no solo omitieron los fondos en los reportes de campaña, sino que también los blanquearon mediante la compra de inmuebles y otras operaciones financieras para ocultar su origen ilícito.
Más sentenciados y medidas adicionales
El tribunal también sentenció a Ilan Heredia Alarcón, hermano de Nadine Heredia y ex tesorero del Partido Nacionalista, a 12 años de prisión efectiva por su participación en las operaciones de ocultamiento del dinero. La sala ordenó su ubicación y captura inmediata, ya que no se presentó a la audiencia de lectura del fallo, realizada el martes 15 de abril.
En tanto, Antonia Alarcón Cuba (madre de Nadine Heredia), Rocío Calderón Vinatea (exfuncionaria de confianza del gobierno nacionalista) y Eladio Mego Guevara (empresario vinculado a la red financiera) recibieron penas de cinco años de prisión. Sin embargo, el juzgado dictó una ejecución suspendida de las condenas, por lo que no irán a prisión, aunque deberán cumplir reglas de conducta durante cuatro años bajo supervisión judicial.
Como parte del fallo, el colegiado también ordenó la disolución de la empresa Todograph S.A.C., involucrada en el movimiento de fondos, y aplicó una multa de 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) al Partido Nacionalista Peruano, al considerar que esta organización política fue “instrumentalizada” para canalizar el dinero ilícito.
Además, los sentenciados deberán pagar de forma solidaria una reparación civil de 10 millones de soles a favor del Estado peruano.
Detención de Ollanta Humala y traslado a penales
Apenas terminó la lectura del adelanto de sentencia, agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y de la Policía Nacional detuvieron a Ollanta Humala Tasso y lo trasladaron a un centro penitenciario para que cumpla su condena. Las autoridades también internarán a Nadine Heredia en los próximos días, según lo dispuso el Poder Judicial.
El fallo generó una ola de reacciones en la opinión pública, al tratarse de la primera vez en la historia del país que un expresidente democráticamente electo recibe una condena firme por lavado de activos, junto con su cónyuge. La pareja ha enfrentado diversos procesos desde que dejó el poder en 2016, pero este constituye el caso más emblemático dentro del entramado judicial relacionado con el financiamiento ilegal de campañas políticas.
Un caso clave en la lucha contra la corrupción
La sentencia marca un hito dentro de las investigaciones del caso Lava Jato en el Perú, que ha involucrado a expresidentes, funcionarios, empresarios y partidos políticos de diferentes tendencias. La Fiscalía sostuvo durante el juicio que Ollanta Humala y Nadine Heredia no solo aceptaron dinero irregular, sino que estructuraron una red familiar y empresarial para lavar los fondos y darles apariencia de legalidad.
El fiscal Germán Juárez Atoche, a cargo del caso, expresó que la resolución del tribunal respalda la tesis fiscal sobre la existencia de una organización criminal que operó desde el entorno más cercano del poder político, vulnerando principios básicos de transparencia y legalidad.
Ollanta Humala a «la cárcel de los presidentes»
Tras recibir una sentencia de 15 años de prisión por el delito de lavado de activos, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) planea trasladar al expresidente Ollanta Humala al penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate-Vitarte. La población conoce este centro penitenciario como “la cárcel de los presidentes”, ya que alberga a exmandatarios peruanos involucrados en graves casos de corrupción.
En Barbadillo cumplió parte de su condena Alberto Fujimori, y también la prisión preventiva de Pedro Castillo tras su fallido intento de golpe de Estado. Se trata de un recinto especial del INPE, con condiciones distintas a las de un penal común, reservado para exautoridades de alto perfil por razones de seguridad y logística.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en coordinación con el Poder Judicial, definirá el lugar de reclusión definitivo, evaluando aspectos como el perfil del condenado, su estado de salud y las condiciones del penal. Sin embargo, por tratarse de un exjefe de Estado y considerando antecedentes similares, todo indica que las autoridades internarán a Ollanta Humala en el penal de Barbadillo en los próximos días, donde deberá cumplir su sentencia hasta el 28 de julio de 2039.
Próximos pasos
La defensa legal de Ollanta Humala y Nadine Heredia anunció que apelará la sentencia. Sin embargo, el fallo ya tiene efectos inmediatos respecto a la ejecución de la pena. De confirmarse en segunda instancia, la condena pasaría a ser definitiva.
Este caso se suma a otros procesos en curso contra exmandatarios del país, lo que evidencia el grave problema de corrupción estructural que ha afectado al Perú en las últimas décadas. A medida que avanza la lucha contra la impunidad, este tipo de sentencias refuerzan la necesidad de una reforma profunda del sistema político y electoral, para evitar que el dinero ilegal continúe contaminando la democracia.
