Perú
Dina Boluarte desafía a la Corte IDH y respalda ley de amnistía en Perú
Choque de poderes: Ejecutivo respalda ley que busca amnistiar crímenes del Estado.
Ley de amnistía en Perú. En una postura que ha generado controversia internacional, la presidenta Dina Boluarte rechazó el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ordena detener la aplicación de la ley de amnistía recientemente aprobada en el Congreso peruano. Esta norma busca eximir de responsabilidad penal a militares y policías involucrados en violaciones de derechos humanos durante el conflicto interno de las décadas de 1980 y 1990.
El gobierno peruano comunicó su negativa a cumplir con la medida cautelar de la Corte IDH, alegando que se trata de una intromisión en asuntos internos. En un documento oficial, el Ejecutivo aseguró que no puede interferir con las decisiones del Congreso, lo que pone en entredicho el compromiso del Estado con los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Dina Boluarte se enfrenta a la Corte IDH por ley que podría blindar a militares
Por un lado, la ley —impulsada por sectores conservadores— ha sido duramente cuestionada no solo por organismos de derechos humanos, sino también por familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas. Además, estos grupos afirman que la norma no solo abre peligrosamente las puertas a la impunidad, sino que también vulnera de manera directa los principios fundamentales del derecho internacional.
Ley de amnistía en Perú. La Corte IDH, con sede en San José, Costa Rica, emitió la resolución como parte del seguimiento a las sentencias en los casos Barrios Altos y La Cantuta, donde ya había declarado al Estado peruano responsable por graves crímenes. Según el tribunal, permitir la entrada en vigor de esta ley significaría incumplir con las obligaciones internacionales asumidas por Perú.
Sin embargo, el gobierno de Boluarte insiste en que no se trata de una ley de impunidad, sino de un acto de reconciliación nacional. Esta posición ha profundizado la tensión entre el Ejecutivo, el Poder Judicial y la comunidad internacional.
¿Qué está en juego? Más que una simple norma legal, se enfrenta el respeto a los derechos humanos con intereses políticos que buscan blindar a ciertos sectores. El desenlace marcará un precedente clave en la relación del Perú con el sistema interamericano de justicia.
