Publicado
hace 1 semana,
«Apagado de motores» este jueves 10: transportistas urbanos paralizan el 100 % de su flota en protesta por la inseguridad y los ataques del crimen organizado, así lo anunció la Coordinadora de Transporte Urbano para Lima y Callao, como una forma de protesta silenciosa frente a los constantes ataques del crimen organizado.
La medida, sin embargo, no se suma al paro convocado por la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), marcando así una diferencia clave en las estrategias del sector.
En conferencia de prensa, Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora, explicó que las 73 empresas que conforman el gremio detendrán sus operaciones, lo que implica más de 7 mil buses fuera de circulación en distritos como Chosica, Huaycán, Vitarte, Lima Norte, Lima Este, el Cercado y el Callao. Sin embargo, recalcó que no participarán en ninguna movilización.
“Nosotros no vamos a ir a ninguna marcha. Apagamos y esperamos que el Gobierno cumpla con estos pedidos que no son nuevos”, afirmó Vargas.
La decisión de no unirse al paro nacional responde, según el dirigente, a la necesidad de evitar desmanes y situaciones de violencia que muchas veces se presentan en marchas masivas. “Nos solidarizamos con quienes paran, pero no con los hechos que alteran el orden público y afectan a los ciudadanos. Por eso nos quedamos en los terminales”, puntualizó.
El contexto que motiva esta medida no es menor. Vargas denunció que casi todas las empresas del gremio son víctimas de extorsión y que, por temor a represalias, muchas acceden a pagar cupos. El temor se ha intensificado tras la reciente ola de asesinatos a choferes del transporte público.
“El Estado ha sido advertido muchas veces, se le han propuesto soluciones y no ha hecho nada. La inseguridad no solo afecta al gremio, sino a toda la ciudadanía. Ya no se puede seguir esperando”, sentenció.
Por otro lado, la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) sí ha convocado un paro nacional para este mismo jueves. En su comunicado, califican la situación como “una guerra iniciada por delincuentes contra trabajadores honestos” y acusan a las autoridades de inacción.
Incluso, fueron más allá: sugirieron la contratación de “expertos en seguridad”, citando el caso del exmilitar Erik Prince, fundador de la polémica firma Blackwater, como ejemplo de soluciones extremas ante el fracaso de las gestiones internas.
Aunque ambas organizaciones comparten un diagnóstico común —la inseguridad se ha desbordado y las respuestas del Estado son ineficientes—, difieren en las formas de enfrentar la crisis. Mientras Anitra opta por la confrontación y la movilización en las calles, la Coordinadora apuesta por una protesta simbólica, sin riesgos para la población ni su personal.
El “apagado de motores” no es solo un acto de protesta; es también un llamado urgente al Estado. No se trata de ideologías ni de plataformas improvisadas, sino de vidas humanas. Las empresas, los choferes y millones de ciudadanos exigen algo básico: seguridad para trabajar, para circular y para vivir.
Si el Gobierno continúa sin escuchar, estas señales silenciosas pueden convertirse en gritos imposibles de contener. La paciencia de los gremios se está agotando, y con ella, la esperanza de que las calles puedan volver a ser un lugar seguro.
Somos un equipo de personas que creemos firmemente en la necesidad de canales de información alternativos que proporcionen acceso al conocimiento y a las noticias que los grandes medios informativos tradicionales, a menudo, ignoran o distorsionan, para que los ciudadanos puedan tomar sus propias decisiones, informadas y en libertad.