Antecedentes que generan preocupación.
Las recientes designaciones en la DRE Áncash reavivan el debate sobre la transparencia del actual gobierno regional, ya que los nombramientos realizados en las últimas semanas en la Dirección Regional de Educación de Áncash involucran a personas con antecedentes cuestionados, generan preocupación ciudadana y contradicen el discurso oficial de un «gobierno honesto».
La contradicción de las designaciones
Las designaciones en la DRE Áncash generan alarma pública, ya que el gobierno regional ha nombrado en cargos clave a personas con antecedentes graves: uno recibió una sanción de Servir por recaudar ilegalmente dinero cobrado indebidamente a docentes contratados, otro afronta un proceso penal iniciado por la misma institución que hoy lo acoge, y un tercero registra una sentencia judicial por peculado, una combinación que erosiona la credibilidad institucional y contradice cualquier estándar de idoneidad en la gestión educativa.
Personajes cuestionados son designados en sector Educación.
En el marco de las designaciones en la DRE Áncash, resulta clave examinar el caso de Edver Román Paredes Milla, recientemente nombrado director regional de Educación, quien, según registros de la Sunedu, obtuvo su título de profesor de secundaria el 9 de octubre de 2024, cuenta con una incursión política fallida como candidato a la alcaldía provincial de Corongo por el partido Juntos por el Perú y arrastra serios cuestionamientos legales, pues el Ministerio Público mantiene procesos abiertos en su contra en el Distrito Fiscal de Áncash, entre ellos el expediente N.º 1306015500-2019-233-0, donde se le imputa el delito de peculado doloso simple en agravio del Ministerio de Agricultura, la Dirección Regional de Salud y la propia DRE Áncash.
Otro caso relevante es el de Estuardo Díaz Robles, quien actualmente ocupa el cargo de director de la UGEL Pallasca. Aunque su mandato había terminado el 7 de octubre de 2024, cuando se esperaba un cambio de liderazgo, la exdirectora de la DRE Áncash, Nancy Dolores Anaya, decidió extender su permanencia en el cargo. Díaz Robles enfrenta varios procesos en la Fiscalía y, dentro de la UGEL Pallasca, ha protegido a docentes acusados de violación y propuestas indecorosas hacia madres de familia.
Además, SERVIR lo sancionó, aunque apeló esta medida administrativa. A pesar de que ratificaron su sanción en última instancia, sigue ejerciendo funciones al frente de la UGEL Pallasca. VER AQUÍ LA RESOLUCIÓN
Sentenciada y designada como directora de AGA de UGEL Pallasca
Otra funcionaria cuestionada en el contexto de las designaciones en la DRE Áncash es Rocío Jackeline Mautino Vidaurre, licenciada en Administración por la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, quien pasó de administradora a directora del Área de Gestión Administrativa de la UGEL Pallasca entre 2023 y 2024, pese a registrar antecedentes judiciales relevantes, ya que en 2018 la Sala Mixta Descentralizada de Justicia de Huari la condenó, junto a otras autoridades de la Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar, por delitos contra la administración pública como colusión desleal y peculado doloso; aunque la Corte Suprema dispuso en 2019 la nulidad parcial del fallo y ordenó un nuevo juicio oral por un colegiado distinto, el proceso judicial continúa vigente, con medidas restrictivas aún en curso, lo que mantiene abiertos los cuestionamientos sobre su idoneidad para ocupar cargos estratégicos en el sector educativo
¿Cómo puede un gobierno que se autodenomina, honesto y transparente colocar en posiciones clave a personas con antecedentes legales tan comprometidos? La pregunta se hace cada vez más pertinente, y la respuesta parece eludir a los responsables de la gestión regional.
¿Transparencia o hipocresía en las designaciones?
El gobierno de Koki Noriega ha hecho de la lucha contra la corrupción uno de sus lemas. No obstante, los nombramientos en la DRE Áncash parecen contradecir de manera flagrante esta imagen de limpieza que tanto se promueve. En lugar de apostar por perfiles profesionales, íntegros y comprometidos con la educación de los niños y jóvenes de Áncash, se elige a personas que arrastran consigo procesos judiciales. Esto no solo refleja una falta de criterio en la selección de personal, sino también una desconexión alarmante entre el discurso oficial y las decisiones tomadas.
En lugar de fortalecer la educación con funcionarios ejemplares, estas designaciones crean un ambiente de desconfianza, un contraste que pone en evidencia la fragilidad del discurso de «transparencia» proclamado por el gobierno regional.
Reflexión final: transparencia que debe acompañarse de hechos
Áncash exige coherencia entre el discurso y la práctica, y las designaciones en la DRE Áncash ponen a prueba ese compromiso, ya que nombrar funcionarios con antecedentes judiciales en el sector educativo contradice la promesa de transparencia del gobierno regional, por lo que Koki Noriega debe rectificar estas decisiones y garantizar que los cargos clave recaigan en personas íntegras, capaces de representar valores reales de honestidad y ética, condición indispensable para recuperar la confianza ciudadana y proteger el futuro educativo de miles de estudiantes.
