En ese contexto, un total de 14 adolescentes de 16 y 17 años dejarán el penal de Cambio Puente, en Chimbote, Áncash; luego de ello, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la Ley N.° 30330, norma que permitió enviar a menores de edad a cárceles comunes por delitos graves. Por esta razón, la Fiscalía de Familia del Santa verificó su situación legal y, además, activó el proceso de traslado a centros juveniles especializados, de acuerdo con el marco legal vigente.
Fallo del TC elimina cárcel común para adolescentes
El Tribunal Constitucional anuló la Ley N.° 30330 al determinar que vulneró el régimen especial de protección que la Constitución reconoce a niños y adolescentes.
Con esta decisión, el TC prohibió que el sistema penal ordinario procese a menores de edad y ordenó que todos los adolescentes internados en penales del INPE pasen a centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación.
Asimismo, el máximo intérprete de la Constitución dispuso la reconducción inmediata de los procesos penales al Código de Responsabilidad Penal del Adolescente y al Código de los Niños y Adolescentes, bajo competencia de fiscales y jueces de familia.
Fiscalía verifica casos en el penal de Cambio Puente
En cumplimiento de la sentencia constitucional, la fiscal provincial Deidy Maribel Carretero Sarmiento, de la Segunda Fiscalía Provincial de Familia del Santa, hizo una visita al penal de Cambio Puente. La diligencia contó con la participación de la jefa de la Oficina Defensorial de Chimbote, Áncash, Jealine Roslin Villanueva Ramírez.
Durante la supervisión, la fiscalía constató que 14 adolescentes permanecen recluidos en el establecimiento penitenciario. De ese grupo, 11 afrontan prisión preventiva y 3 cumplen sentencia.
Traslados y adecuación de procesos en marcha
Además, el equipo fiscal informó a los adolescentes y a sus familias sobre el proceso de adecuación legal de sus casos, los plazos establecidos y las autoridades responsables.
De igual forma, la fiscalía coordinó acciones para acelerar los traslados a los centros juveniles que determine el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) y asegurar la continuidad procesal bajo el marco normativo especial para adolescentes.
La salida de los adolescentes del penal de Cambio Puente ubicado en la ciudad de Chimbote, Áncash, marca un punto de quiebre en la política penal aplicada a menores de edad. El cumplimiento efectivo del fallo del Tribunal Constitucional no solo restituye derechos fundamentales, sino que obliga al Estado a reforzar un sistema de justicia juvenil orientado a la rehabilitación y no al castigo carcelario.
