El Estado no llega, la muerte sí: minería ilegal descontrolada
Minería ilegal avanza sin freno en las alturas de la región Áncash, donde la tierra guarda tesoros minerales desde tiempos ancestrales. La provincia de Pallasca se ha convertido en el escenario principal de esta preocupante escalada. Lo que antes fueron operaciones ocultas y marginales, hoy se han transformado en actividades visibles, agresivas y cada vez más violentas. En sector de Pushaquilca, distrito de Pampas, los recientes hallazgos de mineros muertos en circunstancias sin esclarecer son el síntoma más crudo de una enfermedad que avanza sin freno: la ausencia del Estado frente a una práctica que carcome no solo el subsuelo, sino también el tejido social y ambiental de toda la provincia.
El abandono estatal: tierra fértil para la minería ilegal
Pallasca tiene la mayor cantidad de proyectos de extracción minera metálica y no metálica en la región de Áncash, más de 438 proyectos resaltan la riqueza de la materia prima de esta provincia ancashina, revela un informe del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet).
Sin embargo, esta riqueza geológica no ha traído desarrollo sostenible ni fiscalización efectiva. Muy por el contrario, ha incentivado a que la minería ilegal se infiltre como una plaga, alimentándose de la inacción de las autoridades encargadas de regular esta actividad.
La Dirección Regional de Minería de Áncash (DREM Áncash) brilla por su ausencia en estos territorios. Su falta de presencia y control ha permitido que las vetas cerradas, los socavones abandonados y hasta los terrenos alquilados por pobladores desesperados por ingresos se conviertan en focos principalmente de la extracción ilegal de oro. A este abandono se suma la pasividad de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), que no ejecuta operativos ni investiga los daños colaterales de estas actividades, como los atentados contra la vida de los mismos mineros ilegales.
En distritos como Huandoval, Llapo, Pallasca y el propio Pampas, la minería ilegal se mueve con soltura. Lo hace a plena luz del día, sin temor ni disimulo, y muchas veces con el aparente consentimiento de algunas autoridades locales. Los actores ilegales han ganado terreno, aprovechando la desesperación económica de los pobladores, quienes ven en la minería una forma rápida de subsistencia, sin medir las consecuencias a largo plazo.
Muertes sin justicia: vidas enterradas junto al oro
En Pushaquilca, la muerte ronda bajo tierra. Varios mineros ilegales han aparecido sin vida en las últimas semanas, en circunstancias oscuras y sin que ninguna autoridad investigue a fondo. ¿Quién responde por estas muertes? ¿Quién se beneficia del silencio? Las respuestas siguen sin aparecer. La informalidad se convierte en terreno fértil para la violencia, porque nadie protege a quienes trabajan al margen de la ley, pero tampoco se sanciona a quienes abusan del caos.
Estos crímenes no solo muestran el nivel de descomposición del sistema de control, sino también el peligro que representa este tipo de minería para la paz social. Las mafias que operan detrás de las extracciones ilegales no dudan en eliminar a quien se interponga en sus intereses, y la impunidad les da licencia para continuar.
La provincia de Pallasca, antaño reconocida por su riqueza cultural y agrícola, hoy comienza a ser identificada como una zona roja por los conflictos relacionados con la minería ilegal. El Estado, que debería intervenir para proteger a sus pobladores, parece más bien haber renunciado de su rol en esta parte del país.
Un daño irreversible: medio ambiente y salud en crisis
El impacto de la minería ilegal no se limita a la violencia. También deja una profunda herida en el medio ambiente y en la salud de los pobladores. Las actividades extractivas ilegales utilizan insumos contaminantes como mercurio y cianuro, sin ningún tipo de tratamiento ni precaución. Estas sustancias terminan en las quebradas, ríos y manantiales, envenenando el agua que las comunidades usan para beber, cocinar y regar sus cultivos.
Los suelos quedan erosionados, los bosques son arrasados y los ecosistemas, alterados irreversiblemente. A cambio de unos gramos de oro, se compromete la salud de generaciones enteras. Y todo esto ocurre sin ningún estudio de impacto ambiental, sin permisos, sin fiscalización. El Estado, otra vez, está ausente.
Los centros de salud locales reportan un aumento de enfermedades gastrointestinales y dérmicas, sin poder confirmar científicamente su relación con la minería ilegal por falta de recursos para realizar estudios especializados. Sin embargo, los pobladores lo tienen claro: el agua ya no es la misma, ni el aire ni la tierra. Lo que antes daba vida, ahora enferma.
Las autoridades no actúan, los intereses de la minería ilegal, crecen
A pesar de la gravedad de los hechos, ni la Dirección Regional de Minería ni FEMA han intensificado su presencia en Pallasca. No hay campañas de sensibilización, ni acciones coordinadas con la Policía o el Ejército. Tampoco se promueven alternativas económicas para reducir la dependencia de la minería ilegal.
Mientras tanto, las mafias se organizan, reclutan trabajadores, consiguen explosivos, transportan minerales sin control y venden el oro en mercados negros que nadie rastrea. Todo esto ocurre a la vista de las autoridades regionales y nacionales, que prefieren mirar hacia otro lado.
Resulta escandaloso que, en una región con tantos recursos, la minería formal esté estancada, mientras la ilegalidad crece sin freno. Hay intereses oscuros que lucran con este desorden, y que parecen tener más poder que cualquier entidad del Estado.
El fin de la tolerancia
La situación en Pallasca ya no admite mayor flexibilidad y tolerancia a la ambigüedad. La minería ilegal no es una alternativa económica válida. Es un delito que trae consigo muerte, contaminación, destrucción social y corrupción. No se puede seguir tolerando con discursos ambiguos o respuestas tibias.
Se necesita una intervención urgente del Estado, con operativos sostenidos, sanciones ejemplares y acompañamiento a las comunidades. Los pobladores no pueden seguir siendo rehenes de bandas ilegales ni víctimas de un sistema que los abandona.
Además, es hora de exigir a las autoridades regionales y nacionales que cumplan con sus funciones. Que fiscalicen, que sancionen, que promuevan la formalización donde sea posible, pero que no permitan que el oro valga más que la vida, la salud o la dignidad de un pueblo.
Un futuro enterrado o una oportunidad de cambio
Pallasca se encuentra en una encrucijada. Puede seguir enterrando sus esperanzas bajo el lodo de la minería ilegal o puede levantar la voz, exigir presencia del Estado y construir una economía sostenible que valore a su gente y a su tierra.
La decisión no puede seguir postergándose. Cada día de inacción significa más contaminación, más muertos sin nombre, más comunidades sin futuro. El oro puede brillar, pero no al costo de la sangre y el agua.
Es momento de que Pallasca deje de ser tierra de nadie. Que se convierta en un ejemplo de cómo un pueblo puede recuperar su dignidad, su medio ambiente y su futuro. Pero para lograrlo, necesita algo más que promesas: necesita acción, justicia y coraje.
