Choque de poderes: suspenden a Patricia Benavides pese a orden de la JNJ.
El Poder Judicial dispuso la suspensión de Patricia Benavides en sus funciones como fiscal suprema titular y Fiscal de la Nación por un periodo de 24 meses. Esta decisión responde a una solicitud formulada por el Ministerio Público en el marco de una investigación penal por delitos graves como cohecho pasivo específico, abuso de autoridad y encubrimiento personal agravado.
El juez a cargo del caso justificó la medida al considerar que los hechos atribuidos a Benavides, presuntamente cometidos durante su ejercicio como máxima representante del Ministerio Público, revisten una gravedad suficiente para apartarla temporalmente del cargo. Aunque la Fiscalía solicitó una suspensión de 36 meses, el magistrado consideró razonable imponer una medida de 24.
Esta resolución impide cualquier intento inmediato de retorno de Benavides, incluso en contradicción con la reciente disposición de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que había ordenado su reposición como Fiscal de la Nación. La JNJ llegó a plantear el uso de la fuerza pública para ejecutar su decisión, lo que desató una ola de preocupación sobre el respeto a la institucionalidad y la independencia del Ministerio Público.
El fallo judicial coloca un freno legal a dicha intención. La naturaleza procesal penal de la suspensión le otorga prioridad frente a resoluciones administrativas, aun cuando provengan de un órgano constitucional autónomo como la JNJ. En ese contexto, Patricia Benavides queda apartada de sus funciones mientras dure el proceso penal en su contra.
Suspensión a Patricia Benavides por 24 meses en medio de grave crisis institucional
La situación ha agudizado el ya frágil equilibrio institucional en el país. La confrontación entre el Poder Judicial y la Junta Nacional de Justicia genera un precedente preocupante. Dos entidades constitucionalmente autónomas se encuentran en conflicto abierto, cada una respaldada por marcos legales distintos, pero con efectos directos sobre la conducción del sistema fiscal.
La resolución judicial también plantea interrogantes sobre la protección de la autonomía del Ministerio Público. Aunque la Constitución garantiza su independencia funcional, el uso de medidas excepcionales —como el uso de la fuerza pública— para reponer autoridades investigadas debilita esa garantía ante los ojos de la ciudadanía.
La suspensión de Patricia Benavides no solo constituye un giro legal en una investigación por presunta corrupción. También representa una alerta grave sobre el deterioro de los contrapesos institucionales en el Perú. El uso simultáneo de herramientas judiciales y administrativas, sin diálogo ni articulación, erosiona la confianza pública en el Estado de derecho.
Por ahora, el Ministerio Público deberá continuar sin su máxima autoridad titular. La incertidumbre persiste, mientras la justicia penal y la política se entrelazan en un juego de poder donde la legalidad y la institucionalidad corren el mayor riesgo.
#LoÚltimo. Poder Judicial dispone la suspensión temporal en el cargo como fiscal suprema titular y Fiscal de la Nación de Patricia Benavides Vargas, por el plazo de 24 meses, debido a hechos presuntamente cometidos como titular de ese organismo del Estado. pic.twitter.com/ekDvFeXiQb— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) June 25, 2025
