Se fueron presos, pero no delataron al dueño.
Dos trabajadores de una planta clandestina de gas ilegal en Chimbote irán a prisión preventiva por nueve meses. Aunque fueron detenidos en pleno operativo policial, ninguno reveló quién los contrató. La Fiscalía sospecha que detrás de ellos se oculta una red criminal que falsificaba marcas y vendía gas licuado sin control.
Operativo “Los Pescadores” descubrió la planta
El 11 de octubre, agentes de la Dirección de Policía Fiscal (DIRPOFIS) y la fiscal Silvia Solórzano intervinieron el local con apoyo de drones. El operativo reveló la magnitud del negocio: más de 700 balones de gas, tanques industriales, compresoras, balanzas y moldes con logotipos falsificados de empresas como Solgas, Zeta Gas y Llama Gas. Osinergmin cerró el local y la municipalidad clausuró el predio por operar sin licencia.
Peligro para todo el vecindario
Durante la audiencia, la fiscal advirtió que los imputados manipulaban materiales inflamables en una zona densamente poblada, poniendo en riesgo la vida de decenas de familias. Los acusados, Dorian Dávila y Joseph Morales, confesaron trabajar allí más de un año, pero insistieron en desconocer al dueño.
El juez Luis Pérez Granados ordenó su ingreso al penal de «Cambio Puente» hasta julio de 2026, mientras continúa la investigación.
Gas ilegal en Chimbote, pero silencio que protege al verdadero responsable
La historia de este caso revela más que un simple delito económico: muestra el poder del miedo o la lealtad malentendida dentro del negocio ilícito. Mientras los trabajadores enfrentan la cárcel, el verdadero dueño del gas ilegal en Chimbote sigue libre, probablemente preparando su próxima jugada.
