El Congreso de la República elevó los requisitos para cargos de confianza en los niveles más altos del Estado, pero decidió no modificar sus propias reglas de acceso. La Ley N.º 32507, publicada el 27 de noviembre de 2025 en El Peruano, introduce mayores exigencias académicas y profesionales para viceministros, secretarios generales, gerentes regionales y municipales, así como directivos de organismos públicos. El Parlamento busca reforzar la meritocracia, aunque mantiene sin cambios las exigencias para postular al Congreso. La frase clave requisitos para altos cargos de confianza marca el eje central de esta reforma.
El Congreso impone nuevas exigencias para altos funcionarios del sector público
La ley establece que los viceministros deben contar con formación universitaria completa, 10 años de experiencia laboral y 4 años en puestos de dirección. El texto permite que la experiencia específica forme parte del total requerido. Los secretarios generales de ministerio y los directivos de organismos públicos deben demostrar 8 años de experiencia general y 4 años de experiencia especializada en dirección.
Los gobiernos subnacionales también enfrentan cambios. Los gerentes regionales y los gerentes municipales de distritos con más de 250.000 habitantes deben acreditar entre 4 y 5 años de experiencia general, además de 3 años de experiencia específica. El Congreso incorpora estos filtros para mejorar la idoneidad en la gestión de los servicios públicos.
Equivalencias, excepciones y el rol de Servir
El artículo 4-A introduce reglas claras para contabilizar la experiencia. Un año en un cargo específico equivale a un año del requisito del puesto. En el sector privado o en asesorías, dos años equivalen a uno de experiencia específica. El Parlamento valida como experiencia de dirección el tiempo en cargos de elección popular, como alcaldías, regidurías o escaños en el Congreso.
La ley otorga a Servir una atribución clave. Servir puede autorizar, de manera excepcional y con sustento técnico, perfiles distintos a los mínimos exigidos en los requisitos para altos cargos de confianza, para gerentes o directores en regiones y municipios. Esta medida busca responder a contextos donde la oferta profesional es limitada y las necesidades territoriales requieren flexibilidad sin perder estándares de control.
Candados, control y el debate sobre la coherencia
El Congreso establece prohibiciones estrictas para evitar que las entidades reduzcan los requisitos mínimos fijados en los requisitos para altos cargos de confianza. Los funcionarios que incumplen enfrentan sanciones. En materia de control, la ley obliga a que los informes identifiquen de forma precisa a los responsables antes de iniciar procesos administrativos o legales. Un informe sin identificación clara pierde validez como sustento de acciones posteriores.
El Parlamento también ajusta definiciones sobre la clasificación de funcionarios y el uso de equivalencias en la experiencia directiva tanto en el sector público como en el privado. La reforma intenta garantizar mayor transparencia, profesionalización y eficiencia en el acceso a la función pública.
¿Generará resultados este endurecimiento parcial?
El país necesita instituciones fuertes y cuadros competentes, y la elevación de estándares apunta en esa dirección. Sin embargo, el contraste resulta evidente. El Estado exige más preparación a quienes gestionan la administración pública, mientras el Congreso mantiene reglas mínimas para sí mismo. La meritocracia avanza, pero no avanza completa.
