Perú
Fiscal detenido en flagrancia tras recibir soborno en baño de Miraflores
La Policía Nacional del Perú detuvo hoy al fiscal Henry Amenábar Almonte, un funcionario de 52 años que cayó en flagrancia mientras recibía un soborno de 3.000 dólares en el baño del centro comercial «Falabella» en Miraflores. La operación se desarrolló como parte de un plan anticorrupción que buscó frenar prácticas irregulares dentro del sistema de justicia. Este hecho coloca nuevamente el tema del fiscal detenido con soborno en el centro del debate público.
La captura en pleno centro comercial
Los agentes de la Dirección contra la Corrupción intervinieron al fiscal cuando sostenía el dinero que habría solicitado para favorecer a un investigado por tenencia de drogas. La entrega pactada ocurrió dentro del baño del establecimiento, donde los policías ingresaron de inmediato y ejecutaron la detención.
La modalidad del presunto cohecho
Según la información oficial, Amenábar exigió inicialmente 20.000 dólares, aunque la persona implicada solo accedió a entregar un monto parcial. Los investigadores afirman que el fiscal ofreció manipular el proceso para beneficiar al investigado y librarlo de consecuencias penales.
El general Luis Lira, director de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional (Dircocor), señaló que el fiscal amedrentaba al denunciante, identificado como Edgar Antonio Zaconetti Loja, de seguir con la investigación en su contra si no le pagaba los 20 mil dólares.
Un caso más en una cadena de denuncias
Este episodio se suma a una serie de denuncias por cohecho que involucran a funcionarios públicos, un contexto donde el caso del fiscal detenido con soborno refuerza la preocupación ciudadana.
En los últimos meses, diversas intervenciones revelaron pedidos de dinero por parte de policías y fiscales para alterar procedimientos o evitar sanciones. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones y procesarán al funcionario por cohecho pasivo propio. Este caso vuelve a mostrar la urgencia de reforzar los controles internos y frenar las redes de corrupción que afectan la confianza ciudadana en el sistema judicial.
