Evidenciada por chats de WhatsApp.
La fiscal de la nación, Patricia Benavides, es acusada de liderar una red criminal en la Fiscalía, tras ser evidenciada por chats de WhatsApp de sus asesores.
La fiscal Marita Barreto, al frente del Equipo Especial Contra la Corrupción del Poder, junto con la Policía Nacional del Perú (PNP), allanó en la madrugada de este lunes 27 de noviembre las oficinas del Ministerio Público y otros cinco inmuebles relacionados con la investigación.
La fiscal de la nación, Patricia Benavides, habría usado su cargo para interferir ilícitamente en la remoción de la Junta Nacional de Justicia, la designación del defensor del Pueblo Josué Gutiérrez y la inhabilitación de Zoraida Ávalos.
En el operativo, llamado «Valkiria V», se detuvo a Jaime Javier Villanueva Barreto, asesor de Benavides, con una orden de prisión preliminar por 10 días.
La fiscal Barreto presentó como prueba los chats de WhatsApp que muestran la injerencia que tuvo Villanueva en las votaciones del Congreso de la República, autorizado por Benavides. «Soy el único autorizado por la fiscal de la nación», escribía Villanueva en uno de sus mensajes.
Según la fiscalía, el asesor Villanueva Barreto, ofrecía archivar investigaciones contra los congresistas a cambio de favores políticos.
Los seis inmuebles allanados están ubicados en Cercado de Lima, La Molina, El Agustino y Jesús María, donde se buscó hallar elementos que sustenten la acusación de tráfico de influencias en agravio del Estado, con Patricia Benavides como presunta cabecilla.
Marita Barreto, fue destituida horas antes.
La fiscal superior provisional Marita Barreto Rivera fue removida de su cargo y de la coordinación del equipo especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el mismo día que se realizó un allanamiento en su oficina.
Barreto lideraba las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción vinculados al expresidente Pedro Castillo, destituido por el Congreso.
Junto con otros fiscales y policías, Barreto evalúa solicitar medidas cautelares ante la CIDH para garantizar la independencia de las indagaciones, ante la posible injerencia de Benavides, quien no puede ser investigada por su condición de fiscal.
