Internando en penal de «Cambio Puente» tras hallarlo con pistola abastecida.
Un adolescente de 16 años fue sentenciado en Chimbote a más de 4 años de prisión efectiva por portar una pistola Glock abastecida con siete balas y con el número de serie limado. El caso ha generado gran repercusión, pues evidencia la severidad con que el sistema judicial está aplicando la Ley 32330 en casos de tenencia ilegal de armas.
El menor de iniciales R.M.L.A. fue detenido la noche del 15 de septiembre durante una fiesta en el pueblo joven Santo Domingo. Agentes policiales que realizaban un operativo de seguridad notaron a un grupo de personas consumiendo licor y, al intervenirlos, detectaron al adolescente intentando huir. Durante el registro personal encontraron en su casaca un arma de fuego lista para disparar.
La Fiscalía propuso inicialmente una condena suspendida y el pago de una reparación civil de mil soles. Sin embargo, la jueza Krist Díaz Gonzáles del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de la Corte del Santa no aceptó ese acuerdo. La magistrada consideró que portar un arma de fuego en esas condiciones constituye un delito grave y, al amparo del Código Procesal Penal, dispuso una sanción efectiva.
La sentencia dictó cuatro años, cinco meses y diez días de prisión que el adolescente cumplirá en el penal de Cambio Puente, en Chimbote, hasta febrero de 2030. Durante la audiencia, la jueza recordó que las armas ilegales fortalecen al crimen organizado y representan una amenaza directa para la seguridad ciudadana.
Menor sentenciado en Chimbote irá a prisión por tenencia ilegal de armas
La decisión fue recibida con lágrimas por el menor, que rompió en llanto al escuchar el fallo. Sus familiares también mostraron escenas de dolor, mientras los agentes del INPE lo conducían al establecimiento penitenciario.
Este caso refleja el endurecimiento de las penas contra quienes incurren en tenencia ilegal de armas, incluso cuando se trata de adolescentes. El marco legal actual busca reducir el impacto de las armas en la violencia urbana, un problema que golpea con fuerza a ciudades como Chimbote.
La sentencia envía un mensaje claro: la justicia no otorgará beneficios cuando se ponga en riesgo a la ciudadanía con armas ilegales. El internamiento del menor marca un precedente y reabre el debate sobre la responsabilidad penal de los adolescentes en delitos vinculados al crimen organizado.
La sociedad demanda seguridad y el Estado responde con sanciones firmes. Lo ocurrido en Chimbote se convierte en un recordatorio de que portar un arma no es un juego, sino una amenaza que acarrea graves consecuencias.
