17/08/2014 ¿Cómo construir una sociedad justa con los administradores de justicia envueltos en una corrupción total, con presidentes regionales y alcaldes presos por manejos irregulares, y con representantes congresales canjeando descaradamente la impunidad de sus líderes denunciados por corrupción? ¿Cómo confiar en una Policía Nacional del Perú revolcada en inmundicias internas por el uso indebido de los pocos recursos que dispone y con su grupo de inteligencia detrás de delincuentes menores y tapándose los ojos y temblándole la mano ante prófugos apadrinados por un poder con tufillo presidencial?
Solo se aprecian miradas de sorpresa ante los últimos acontecimientos que han apagado la luz que parpadeó al final del túnel, cuando se dictaron las órdenes de prisión preventiva contra César Álvarez y otros presuntos integrantes de una red de corrupción instalada en Ancash, y que se hicieron necesarias ante el hedor fétido que despedía nuestra justicia regional.
Hoy, aquella inicial expectativa de justicia se ha diluido y solo ha quedado como el recuerdo de una mera ilusión pasajera, porque nuevamente se percibe esa insoportable sensación que atrajo el interés de la prensa nacional. ¿O es que ya habrá quedado impregnada en la conducta de malos jueces, fiscales, autoridades, policías y todos los fulanos proclives a sacar provecho indebido, incentivados por la impunidad que se ha convertido en nuestra vergonzosa marca Perú en el terreno judicial?
¿Qué hacer para cambiar un escenario donde cunde el mal ejemplo de autoridades corruptas, donde el provecho personal y el encubrimiento caminan emparentados y donde el enriquecimiento ilícito de sujetos como Rodolfo Orellana o Benedicto Jiménez es un pésimo mensaje a la reserva moral de nuestra juventud y se convierte en una peligrosa invitación al camino fácil de la coima, la estafa y al círculo vicioso de la corrupción?
Ver de pronto libres a personajes del entorno de César Álvarez que compraron la voluntad de malos jueces y fiscales, proclamándose víctimas de abusos del poder judicial, es como si se mearan en nuestra bandera de lucha contra la corrupción, y esa cruda realidad nos hace ver como incautos ciudadanos detrás de una justicia que ha sido prostituida a nivel nacional.
Encima, tenemos que soportar las apariciones públicas del ministro Urresti, casi diarias, con intervenciones y capturas menores, y demostrando su ineficiencia o escandaloso encubrimiento a Rodolfo Orellana y Benedicto Jiménez, los prófugos creadores de una poderosa red criminal en el Perú y que en Ancash tuvo en Heriberto Benítez a su pieza principal. ¿Es tan difícil caminar derecho en el Perú?
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