Delia Espinoza enfrenta uno de los momentos más críticos de su gestión. Durante una audiencia de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la Fiscal de la Nación denunció un proceso plagado de ilegalidades. Critica que su defensa no reciba respuestas y que la motivación para apartarla carezca de sustento. La batalla legal dio inicio cuando empezó a investigar a altos funcionarios del gobierno. Espinoza sostiene que esos casos desencadenaron presiones políticas que buscan silenciarla.
Desde que asumió el cargo en noviembre de 2024, la fiscal no solo emprendió investigaciones clave, sino que apoyó fiscalías especializadas y juntas superiores que enfrentan la corrupción en todo el país. No tiene sanciones previas ni cuestionamientos patrimoniales. Asegura que nunca se ha vinculado con actividades ilícitas. Trabaja con transparencia.
Espinoza sostiene que hay un conflicto de interés en que la JNJ siga el proceso disciplinario contra ella. Justifica su argumento señalando que presentó una demanda de amparo contra la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, lo que, a juicio suyo, debería impedir que la JNJ actúe en este caso. Además, advierte que suspenderla sin fundamentos vulneraría normas constitucionales y podría generar delitos.
JNJ ilegalidades. El nudo del conflicto radica en la motivación: ¿Cuál es la razón real detrás de la suspensión propuesta? Espinoza pide claridad. Pregunta: “¿Qué peligro hay en que continúe como fiscal de la Nación? ¿Acaso es un peligro seguir enfrentando la corrupción?” El pulso está puesto en la credibilidad institucional de la JNJ y en la defensa del Estado de derecho.
Delia Espinoza no solo reclama su derecho, exige una señal clara: que ninguna autoridad quede por encima de la ley. Su denuncia frente a la JNJ pone bajo lupa la transparencia, el poder y la justicia en el Perú. El país observa. ¿Responderán las instituciones con verdad o seguirán permitiendo que la politización corroa su legitimidad?
