La violencia no es una solución a los problemas sociales, sino una forma de agravarlos. La llamada justicia por mano propia no es justicia, sino venganza.
No podemos permitir que el miedo nos lleve a actuar como salvajes, violando las leyes y los derechos de los demás. La única forma de garantizar la convivencia pacífica es respetar las normas y recurrir a las instituciones encargadas de impartir justicia. De lo contrario, caeremos en una anomia social, donde nadie se siente seguro ni protegido.
Un estudio del Barómetro de las Américas en el 2014 indicaba que el Perú era el tercer país, después de República Dominicana y Paraguay, donde la gente aprueba o justifica la justicia por mano propia.
Este fenómeno refleja un sentimiento generalizado, que tiene que ver con la raíz del problema: la falta de un sistema eficaz que garantice la seguridad de los ciudadanos. La delincuencia sabe que puede actuar con impunidad, porque la policía no tiene los recursos ni el apoyo legal para detenerlos. Por eso, las leyes deben ser más severas y los operadores más responsables. En mi opinión, el Gobierno debería usar las facultades que le dio el Legislativo para endurecer las penas a los reincidentes, sin importar el monto, sino el hecho.
La falta de confianza en el Estado y sus instituciones es un factor que influye en la actitud de algunos ciudadanos que aprueban la justicia por mano propia. Estas personas han sufrido no solo la violencia y la inseguridad, sino también la corrupción y la impunidad de los funcionarios públicos encargados de garantizar la seguridad y la justicia. Ante esta situación, sienten que el Estado los ha abandonado y que deben defenderse por sí mismos.
La violencia colectiva se ha convertido en una forma de expresar el malestar social, pero tiene graves consecuencias. Algunas personas que han sido víctimas de la justicia por mano propia resultaron ser inocentes, y perdieron la vida injustamente. Hay que tener mucho cuidado de no confundir a un sospechoso con un culpable.
