Echaron a Ruth Karina Hermoza Altez, Manuel Feitosa Noli y Gil Mallqui.
La justicia, aunque tardía, por fin se hizo presente. Tres fiscales, conocidos por la población como los «fiscales comandos», fueron destituidos de sus cargos en una medida que busca restaurar la credibilidad de una institución profundamente afectada por los escándalos de corrupción.
Esta decisión se produce tras una serie de denuncias sobre su parcialidad y vínculos con personajes involucrados en casos de corrupción, como el exgobernador César Álvarez y el prófugo Martín Espinal Reyes.
El Fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, accedió a la propuesta de la Presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Ministerio Público del Santa, Dra. Nancy Moreno Rivera, de reemplazar a los fiscales provisionales designados en la gestión anterior. Este cambio responde a la necesidad de mejorar la imagen de la Fiscalía, especialmente tras la gestión del Fiscal Superior Hugo Farro Murillo, actualmente investigado por posibles actos de corrupción.
Con la resolución 2952-2014, emitida el 25 de julio, el Fiscal de la Nación ordenó el cese de tres fiscales en la provincia de Pallasca.
El diario oficial El Peruano publicó esta resolución el 26 de julio, y entre los destituidos figuran los fiscales Ruth Karina Hermoza Altez, Pericles Manuel Feitosa Noli y Gil Mallqui Orellano, este último vinculado a Martín Espinal Reyes, quien aún se encuentra prófugo de la justicia.
Además de estos tres fiscales, la misma resolución incluyó el cese de 16 fiscales más de distintas especialidades, como los de las áreas penal, civil y de familia de Chimbote, así como de otras provincias del distrito fiscal que abarca Huarmey, Casma, Santa y Corongo.
¿Por qué se les conoce como «fiscales comandos»?
La población señalaba a los tres fiscales destituidos como «fiscales comandos» debido a su actuación parcializada a favor de los miembros del movimiento político Cuenta Conmigo, liderado por César Álvarez en Áncash, y su vinculación con Martín Espinal Reyes, acusado de corrupción. Se les acusaba de actuar de manera lenta y cómplice, favoreciendo a los involucrados en hechos delictivos, especialmente a los ligados a la política local.
Gil Mallqui Orellano: uno de los «fiscales comandos» y compadre de Martín Espinal Reyes
Uno de los fiscales más controversiales, Gil Mallqui Orellano, además de ser destituido como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial del Santa, mantenía una relación cercana con Martín Espinal Reyes, siendo su compadre espiritual. Mallqui Orellano se desempeñó en el despacho de la Fiscalía Provincial Mixta del distrito de Conchucos, en la provincia de Pallasca, y su actuación recibió fuertes críticas.
Pericles Manuel Feitosa Noli: actuaciones controvertidas
Otro fiscal retirado es Pericles Manuel Feitosa Noli, quien se desempeñaba como Fiscal Provincial Provisional del Distrito Judicial del Santa. Cuestionaron a Feitosa por su comportamiento parcial en un caso que involucraba a Marcial Valerio, actual alcalde del distrito de Pampas y miembro del movimiento Cuenta Conmigo. La comunidad local lo acusó de no actuar con la firmeza necesaria en investigaciones que involucraban a personas cercanas al poder político.
Finalmente, destituyeron a Ruth Karina Hermoza Altez, quien se desempeñaba como Fiscal Provincial Provisional del distrito Judicial del Santa.
Ruth Karina Hermoza Altez: complacencia con el poder político
Durante su gestión, la población criticó duramente a Hermoza por su complacencia con los miembros de Cuenta Conmigo, especialmente por archivar casos importantes. Recientemente, el 25 de junio, denunciaron su falta de celeridad y firmeza durante la toma de la UGEL Pallasca, un acto protagonizado por ciudadanos vinculados al movimiento político Cuenta Conmigo, algunos de los cuales trabajaban en la Municipalidad Distrital de Pampas, dirigida por Marcial Valerio.
La decisión de cesar a estos fiscales es un paso importante en la lucha por depurar la institución y restaurar la confianza pública en la Fiscalía. Aunque la justicia ha tardado, finalmente se están tomando medidas para corregir los errores del pasado y garantizar que quienes administran justicia lo hagan con imparcialidad y transparencia.
