El Poder Ejecutivo formalizó un cambio radical en el marco legal del país mediante la publicación del Decreto Legislativo N.º 1744. La norma introduce un aumento significativo en las penas por ciberdelitos, buscando frenar el avance de las redes criminales que emplean tecnología avanzada, inteligencia artificial y billeteras digitales para extorsionar y cometer fraudes a nivel nacional.
Esta actualización modifica directamente la Ley N.º 30096 (Ley de Delitos Informáticos), el Código Penal y habilita nuevas facultades de geolocalización para la Policía Nacional del Perú (PNP), reforzando los castigos por cibercrimen en todo el territorio.
¿Cómo cambian las penas por ciberdelitos y el crimen organizado?
El Decreto Legislativo N.º 1744 busca asfixiar la logística delictiva actual. Por ello, las penas por ciberdelitos y extorsión no solo recaen en los autores principales, sino también en quienes facilitan la infraestructura operativa de la red criminal.
Cárcel para quienes prestan cuentas bancarias y billeteras digitales
Uno de los puntos más drásticos del nuevo texto del artículo 200 del Código Penal sanciona a las personas que presten o cedan sus cuentas bancarias o billeteras virtuales. Al canalizar dinero de extorsiones, estos colaboradores recibirán las mismas sanciones penales severas que los extorsionadores directos.
Control de armas y suplantación de identidad
Asimismo, la ley incrementa las sanciones asociadas al cibercrimen cuando este se combina con el mercado negro de armas. Se tipifica la suplantación de identidad para tramitar licencias de armas de fuego y se castiga severamente el registro falso sobre robo o pérdida de armamento.
Modificaciones a la Ley 30096: Nuevas penas por ciberdelitos de acceso ilícito
El artículo 2 y el artículo 11 de la Ley N.º 30096 han sido reformados para actualizar las penas por ciberdelitos frente a las modalidades digitales emergentes.
Aumento de penas por ciberdelitos de suplantación y robo de claves
El acceso no autorizado a sistemas informáticos mantendrá una sanción base de 1 a 4 años. Sin embargo, las penas por ciberdelitos de acceso ilícito suben a un rango de 3 a 6 años de cárcel cuando la intrusión vulnera medidas de seguridad o utiliza sin autorización:
- Credenciales de autenticación o claves de acceso privado.
- Códigos de verificación o tokens digitales (OTP).
- Mecanismos de identidad digital en aplicaciones móviles y plataformas bancarias.
Inteligencia Artificial como agravante en las penas por ciberdelitos
El marco normativo incluye por primera vez a la Inteligencia Artificial (IA) como una circunstancia agravante explícita. De acuerdo con el artículo 11, los jueces aumentarán las penas por ciberdelitos hasta en un tercio por encima del máximo legal cuando:
- El agente emplee Inteligencia Artificial o tecnologías analógicas/similares para delinquir.
- El delito sea ejecutado con la intervención de dos o más personas.
- Se vulneren activos críticos nacionales o servicios de asistencia pública.
- El agente abuse de una posición privilegiada de acceso a datos reservados.
Además, si la infracción la comete un integrante de una organización criminal, los castigos por cibercrimen aumentarán hasta en una mitad por encima del máximo legal.
Geolocalización policial para reforzar las penas por ciberdelitos
La efectividad en la aplicación de las penas por ciberdelitos depende en gran medida de la capacidad probatoria de las fuerzas del orden.
Por ello, la modificación del Decreto Legislativo N.º 1182 otorga facultades operativas inmediatas a la Policía Nacional del Perú (PNP). La unidad especializada podrá solicitar el acceso en tiempo real a la localización y geolocalización de teléfonos móviles o dispositivos electrónicos cuando se investigue cualquier infracción comprendida en la Ley de Delitos Informáticos.
El impacto futuro de las severas penas por ciberdelitos en el Perú
Con la entrada en vigor del Decreto Legislativo N.º 1744, la persecución de la ciberdelincuencia en el Perú da un salto cualitativo. El incremento generalizado en las penas por ciberdelitos, sumado al castigo al uso de IA y al rastreo de billeteras digitales, busca erradicar la impunidad en el entorno virtual y proteger el patrimonio de los ciudadanos.
