El Congreso de la República aprobó una nueva ley que endurece las sanciones contra quienes ingresen celulares en penales del país. La medida busca frenar las extorsiones, amenazas y delitos organizados que continúan operando desde las cárceles peruanas mediante equipos de comunicación ilegales.
El dictamen recibió 100 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. Luego, el Pleno exoneró la segunda votación con respaldo mayoritario. La propuesta modifica el Código Penal, el Código de Ejecución Penal y normas sobre telecomunicaciones para fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada.
Celulares en penales serán castigados con hasta 15 años
La nueva norma sanciona a quienes ingresen, intenten ingresar o faciliten celulares en penales, así como equipos de comunicación, cámaras fotográficas o sistemas de filmación.
Las penas más severas alcanzarán hasta 15 años de prisión cuando participen funcionarios públicos, autoridades, abogados o trabajadores del sistema penitenciario.
Además, la ley castiga la posesión ilegal de celulares, armas, explosivos y otros objetos peligrosos dentro de cárceles y centros juveniles.
Congreso busca frenar delitos con celulares en penales
El presidente de la Comisión de Justicia, Flavio Cruz Mamani, sostuvo que muchos delitos siguen siendo dirigidos desde prisión.
Según explicó, organizaciones criminales utilizan celulares en penales para coordinar extorsiones, sicariato y amenazas contra empresarios, transportistas y ciudadanos.
La congresista María del Carmen Alva alertó que las denuncias por extorsión crecieron cerca de 30 % durante el 2025. También recordó que el INPE decomisó más de 950 celulares y 1 400 accesorios en recientes operativos penitenciarios.
INPE y operadoras tendrán más control sobre telecomunicaciones
La ley también fortalece las facultades del INPE y la Policía Nacional para detectar y neutralizar señales ilegales dentro de establecimientos penitenciarios.
En casos graves, el Ministerio Público podrá autorizar operativos especiales para bloquear comunicaciones ilícitas desde las cárceles.
Además, las empresas operadoras de telecomunicaciones deberán reforzar mecanismos para impedir llamadas ilegales desde penales.
Debate sobre seguridad y corrupción penitenciaria
El congresista Alejandro Muñante destacó que el uso no autorizado de celulares en penales dejará de ser una simple falta administrativa y pasará a convertirse en delito.
Por su parte, Diego Bazán afirmó que el Estado necesita recuperar el control de las cárceles para golpear a las mafias que continúan operando desde prisión.
La aprobación de esta ley refleja la gravedad de la crisis penitenciaria en el Perú. Mientras las extorsiones y amenazas continúan creciendo, el Congreso apuesta por endurecer penas y fortalecer controles. Sin embargo, el verdadero reto será evitar que la corrupción siga permitiendo el ingreso de celulares en penales.
