Con el voto de 86 congresistas.
El Congreso de la República restituyó por mayoría la detención preliminar judicial en casos de no flagrancia, al aprobar el dictamen de insistencia. La iniciativa obtuvo 86 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención, y modifica el artículo 261 del Nuevo Código Procesal Penal (Decreto Legislativo 957).
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, explicó que, al tratarse de un dictamen de insistencia, no se requiere una segunda votación. Para su aprobación, bastó con el respaldo de más de la mitad de los congresistas, conforme a lo establecido en la Constitución y el Reglamento del Congreso.
En medio de críticas por no incluir este tema en la agenda previa, Salhuana recordó su compromiso de abordar la restitución de la detención preliminar, una medida eliminada anteriormente. A través de su cuenta oficial en X, publicó un acta virtual en la que detalló que incluiría la propuesta en la agenda del Pleno convocado para el 6 de marzo.
Diversos grupos políticos, incluidos Renovación Popular, Acción Popular, Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, Avanza País, Bancada Socialista y Bloque Democrático Popular, respaldaron la medida.
Posteriormente, partidos como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Perú Libre también se sumaron a la propuesta, permitiendo alcanzar el número necesario de votos.
La importancia de la detención preliminar
La detención preliminar en casos de no flagrancia constituye una herramienta clave para las autoridades judiciales, ya que les permite ordenar la captura de personas sospechosas de cometer delitos, incluso si no las sorprenden en el acto.
Su eliminación generó preocupación, especialmente entre sectores como el Ministerio Público, que advirtió que esta restricción afecta la capacidad de los fiscales para investigar y perseguir delitos de manera efectiva.
El 5 de febrero, la Fiscalía de la Nación emitió una nota de prensa en la que planteó la necesidad de restituir la medida. En el documento, se destacó que la eliminación de la detención preliminar ha dejado un vacío en el sistema de justicia penal, dificultando la acción contra delitos graves como violación sexual, asesinato, robo, extorsión y actos de corrupción. La Fiscalía subrayó que esta limitación favorece a los presuntos delincuentes, pone en riesgo las pruebas y perjudica la protección de las víctimas y testigos.
Aunque exoneraron la medida de segunda votación, la presidenta Dina Boluarte observó el dictamen, lo que obliga al Congreso a votar nuevamente su insistencia para promulgarlo.
El texto aprobado establece que el juez de la investigación preparatoria podrá ordenar la detención preliminar a solicitud del fiscal, si existen elementos razonables para considerar que una persona ha cometido un delito grave y que podría fugarse u obstaculizar la investigación.
Esta medida busca fortalecer la respuesta del sistema de justicia frente a la criminalidad, garantizando la seguridad y protección de la sociedad.
