Congreso cuesta más que Juntos, Pensión 65 y Qali Warma, juntos
Congreso del Perú. En un país donde más de ocho millones de personas viven en pobreza, el Congreso de la República representa una sangría presupuestaria. El gasto proyectado para este 2025 supera los 1,200 millones de soles. Una cifra que, escandalosamente, se eleva por encima de lo asignado a programas sociales clave como Juntos, Pensión 65 y Qali Warma. ¿Qué tipo de prioridades defienden nuestros representantes?
Una democracia carísima… y poco funcional: el Congreso nos sangra
Mientras los colegios públicos funcionan sin agua potable y los hospitales colapsan, el Congreso continúa ampliando su presupuesto sin justificar resultados tangibles. Solo en el 2023, el Congreso gastó 14 millones de soles en viajes. En el 2024, esa cifra se duplicó a 29 millones. ¿Y qué ha ganado el país con esos desplazamientos?
A esto se suma el presupuesto para consultorías, viáticos, bonos, planillas infladas y remodelaciones innecesarias. La Comisión de Presupuesto aprobó recientemente una asignación de S/ 1,208 millones para el 2025, superando ampliamente los S/ 906 millones otorgados a Juntos, los S/ 933 millones a Pensión 65 y los S/ 979 millones a Qali Warma. Es decir, el Congreso cuesta más que alimentar a millones de niños, asistir a adultos mayores y apoyar a las familias más vulnerables.
Congreso del Perú: gasto sin control ni evaluación
El problema no es solo cuánto se gasta, sino cómo se gasta. El Congreso no cuenta con un sistema riguroso de evaluación de desempeño. Las leyes que aprueba muchas veces no se implementan, o peor, responden a intereses particulares y no al bien común.
¿Dónde está la rendición de cuentas? ¿Qué indicadores evalúan la eficiencia del Congreso? Mientras otras entidades del Estado deben justificar cada sol, el Legislativo parece operar bajo sus propias reglas, blindado por su propio reglamento y por la protección entre bancadas.
El costo de una clase política desconectada
Este gasto se agrava si consideramos la escasa legitimidad del Parlamento. Según encuestas recientes, más del 85% de la población desconfía del Congreso. Y no es para menos: escándalos de corrupción, blindajes vergonzosos, votos incoherentes y una desconexión absoluta con las urgencias ciudadanas lo han convertido en el poder más impopular del Estado.
No es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de salud democrática. Un Congreso que legisla para sus propios intereses, que consume más que los programas sociales destinados a combatir la pobreza, representa una amenaza directa para el bienestar colectivo.
¿Quién paga esta farra de dinero?
Tú. Yo. Todos los peruanos que pagamos impuestos. El Congreso funciona con dinero público, el mismo que podría destinarse a mejorar hospitales, garantizar desayuno escolar o aumentar las pensiones para los adultos mayores. No se trata de eliminar al Congreso, sino de exigirle que cumpla con su función con eficiencia, transparencia y austeridad.
Un llamado a la conciencia y al control
Perú no necesita un Congreso caro, necesita un Congreso útil. Mientras la pobreza avanza, la anemia infantil persiste y la salud pública se deteriora, resulta intolerable que nuestros “representantes” consuman más recursos que los programas diseñados para salvar vidas.
La salud democrática del país depende de una ciudadanía crítica, informada y exigente. Ya no basta con indignarse: es hora de fiscalizar el gasto político como si de nuestra propia salud se tratara. Porque lo es.
