A pocos días de acudir a las urnas en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Huaraz encendió las alarmas en Áncash. El órgano electoral abrió un proceso de exclusión de Juan Carlos Morillo, candidato a gobernador regional por Somos Perú, tras detectar un impedimento constitucional ligado a una condena por dos delitos dolosos.
Claves sobre la exclusión de Juan Carlos Morillo y el rol del JEE Huaraz
Esta medida de inhabilitación no apareció de la noche a la mañana. La autoridad electoral acumuló documentos de la Corte Superior de Justicia de Áncash mediante un seguimiento minucioso que venía gestándose desde agosto:
- 7 de agosto: El JEE solicita reportes judiciales sobre la hoja de vida del político.
- 16 de agosto: El ciudadano Tito Mestanza pide formalmente retirar al aspirante de la contienda.
- 18 de agosto: El expediente pasa a la unidad de Fiscalización Electoral.
- 3 de septiembre: El JEE inscribe la lista de Somos Perú mientras continúa la investigación.
- 17 de septiembre: La fiscalizadora emite el informe clave sobre las condenas dolosas.
- 23 de septiembre: El organismo electoral emite la resolución que abre el proceso para tachar al candidato.
7 de agosto (JEE pide datos) ➔ 16 de agosto (Pedido de retiro) ➔ 17 de septiembre (Informe técnico) ➔ 23 de septiembre (Proceso abierto)
Somos Perú responde y exige archivar el proceso
Ante esta posible salida del proceso electoral, el personero legal de Somos Perú, Diego Torres Manrique, entregó sus descargos oficiales. La defensa argumenta que el candidato no ocultó información, pues consignó sus fallos judiciales y su posterior rehabilitación en la declaración jurada presentada ante el jurado.
Desde la agrupación política aseguran que la cancelación de antecedentes limpió el historial del postulante regional. Por ello, la defensa de Somos Perú exige archivar la investigación para garantizar la participación del candidato en las urnas de octubre.
El peso de las reglas electorales en la democracia
Este caso evidencia la tensión constante entre las sanciones judiciales y el derecho a ser elegido. Mientras las normas buscan limpiar las elecciones de cuestionamientos, las organizaciones políticas apelan a la rehabilitación penal para mantener a sus líderes en carrera. La ciudadanía de Áncash exige transparencia, y la decisión final sobre la candidatura de Morillo fijará un antecedente clave para el futuro electoral del país.
