El Juzgado de Investigación Preparatoria de Caraz ordenó 15 días de detención preliminar contra dos ciudadanos extranjeros investigados por el cruento crimen de La China Polo, seudónimo de la comunicadora y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Ysabel Aponte Polo.
La medida por el presunto delito de sicariato recae sobre Luis Iván Obispo Díaz (30) y Ronald José Toro Ardila, alias “Ronald”. Ambos sujetos cayeron en operativos tras la balacera registrada en plena vía pública de la ciudad de Caraz.
El requerimiento judicial fue sustentado por los fiscales Raúl Godos Sedán y Shirley Liliana Sarate, integrantes del equipo fiscal de Huaylas, quienes buscan esclarecer la autoría del homicidio.
Ataque planificado y denuncias de extorsión ignoradas
El sangriento hecho ocurrió en la avenida Ramón Castilla, a pocos metros del mercado central de Caraz. Sicarios armados dispararon sin piedad contra la candidata del movimiento Socios por Áncash, desatando el pánico entre los comerciantes y dejando un saldo de cinco personas heridas.
Días antes de su trágico final, la víctima denunció públicamente que venía sufriendo extorsiones continuas. Mediante amedrentamientos telefónicos realizados desde tres penales del país, mafias le exigían frenar sus investigaciones sobre presuntos actos de corrupción en la gestión pública regional.
Pese a las constantes alertas expuestas en plataformas digitales, la protección oficial nunca llegó, dejando a la postulante desprotegida ante el avance del crimen organizado.
Claves judiciales para esclarecer el crimen de La China Polo
Durante los 15 días de detención, el Ministerio Público y la Policía Nacional ejecutarán diligencias determinantes para cerrar el cerco sobre la red criminal. Las acciones priorizadas incluyen:
- Peritajes balísticos: Evaluación del arma de fuego decomisada durante las intervenciones para cotejarla con los casquillos hallados en la escena.
- Rastreo de llamadas desde penales: Levantamiento del secreto de las comunicaciones para identificar a los financistas y coordinadores del atentado.
- Toma de testimonios: Recopilación de declaraciones de comerciantes del mercado de Caraz y allegados al entorno político de la víctima.
Impunidad y abandono de la fiscalización regional
El caso pone en evidencia la fragilidad en la que ejercen su labor los comunicadores y fiscalizadores en el interior del país. La falta de acción preventiva por parte de las fuerzas del orden ante las denuncias previas refleja la lentitud institucional frente a las mafias.
La justicia tiene la obligación de ir más allá de la captura de los ejecutores materiales. Para evitar que la impunidad siga silenciando el control ciudadano en Áncash, las autoridades deben identificar y procesar a los autores intelectuales detrás de esta ejecución.
