Justicia firme: César Álvarez condenado por el crimen de Ezequiel Nolasco.
César Álvarez condenado. El Poder Judicial dio un paso contundente en la lucha contra la impunidad. La Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Penal Transitoria, confirmó la sentencia al exgobernador regional de Áncash, César Joaquín Álvarez Aguilar, como coautor mediato del homicidio calificado de Ezequiel Dionicio Nolasco Campos, ocurrido en marzo de 2014.
El tribunal confirmó la culpabilidad de César Álvarez, pero modificó la condena inicial. Redujo la pena de 35 años de prisión a 29 años, nueve meses y tres días, según consta en la resolución emitida por el máximo órgano penal del país.
Este fallo histórico reafirma el rol del sistema judicial frente a delitos que cruzan la política y el crimen organizado. En la misma resolución, la Corte también confirmó la condena de 29 años, 9 meses y 3 días contra Luis Humberto Arroyo Rojas, implicado de forma directa en el mismo crimen.
Crimen político en Áncash: Suprema confirma también las condenas de los demás implicados
Otros dos sentenciados, Rubén William Moreno Olivo y Jorge Luis Loloy Valencia, deberán cumplir 29 años, 3 meses y 12 días de prisión. En tanto, Cristhian Joel Crúzate Pereda, autor material del asesinato, recibió una pena de 34 años, 9 meses y 1 día, tanto por homicidio calificado como por causar lesiones graves a Marco Sánchez Ponte, quien lo acompañaba en el momento del atentado.
Además de las penas privativas de libertad, la Corte ratificó el pago solidario de S/ 150,000 como reparación civil a los herederos legales de Nolasco. Crúzate Pereda deberá abonar un monto adicional de S/ 20,000 a favor de Sánchez Ponte, como compensación por las lesiones sufridas.
La sentencia no admite nulidad, según los magistrados Baca Cabrera, Terrel Crispín, Báscones Gómez Velásquez, Maita Dorregaray y León Velasco, quienes emitieron el fallo en reemplazo de los jueces supremos Prado Saldarriaga y Vásquez Vargas, excusados por impedimento.
Este fallo marca un precedente en la lucha contra el crimen político en el Perú. Nolasco, exconsejero regional, denunció corrupción y se convirtió en símbolo de resistencia frente a redes mafiosas enquistadas en gobiernos regionales. Su asesinato, planificado y ejecutado con total impunidad durante años, encontró finalmente justicia.
El mensaje es claro: ninguna autoridad, por poderosa que parezca, quedará al margen de la ley. El caso Álvarez representa una victoria para la memoria de Nolasco, para su familia y para una ciudadanía que exige justicia en un país golpeado por la corrupción estructural.
