Traslado de Vizcarra a Ancón II. Hoy, el INPE confirma que Martín Vizcarra ingresa al penal Ancón II. Este cambio rompe con expectativas previas y despierta una reflexión urgente sobre cómo tratamos a exmandatarios bajo custodia.
El Instituto Nacional Penitenciario emitió la Resolución Directoral N.° 411-2025-INPE/ORL. En ese texto, invalida la clasificación inicial de Vizcarra en Barbadillo tras identificar fallas en el proceso, y, aunque la Junta Técnica lo asignó a Lurigancho por puntaje (10 según RPP), opta por enviarlo a Ancón II para proteger su integridad física y psicológica.
En un comunicado, el INPE destaca que el área de Ancón II cuenta con condiciones adecuadas y mantiene rigurosamente los derechos del procesado.
Esta decisión también refleja una práctica técnica, no política. El jefe del INPE, Iván Paredes, afirmó que ninguna autoridad —ni la presidenta— influye en el proceso. No obstante, la Defensoría del Pueblo expresó preocupación y pidió mantener el criterio igualitario: “todas las personas privadas de libertad deben recibir trato digno e igualitario”.
La medida generó reacciones inmediatas en el ámbito político. El presidente del Congreso, José Jerí, exigió que Vizcarra reciba el mismo trato que otros exmandatarios encarcelados:
“Debe tener el mismo tratamiento que otros expresidentes. Hay un principio y una tradición que tendría que respetarse conforme las normas estén vigentes”.
Desde el entorno de Vizcarra, su abogado Alejandro Salas criticó el cambio. Aseguró que:
“No se le puede enviar a Lurigancho… él tiene la condición de expresidente y eso nadie se lo puede quitar”.
El traslado de Martín Vizcarra al penal Ancón II no ocurre en un vacío. Revela tensiones constantes entre los criterios técnicos del INPE, los derechos individuales y las expectativas políticas. Este episodio plantea una pregunta inevitable: ¿cómo equilibramos la seguridad penitenciaria, el trato justo y la memoria institucional? La respuesta, por ahora, sigue abierta.
