El caso de sentencian a funcionarios de UGEL Pallasca volvió a poner bajo la lupa el manejo de recursos públicos en Áncash. El Poder Judicial confirmó la condena contra exdirectivos de la Unidad de Gestión Educativa Local por autorizar pagos ilegales e incentivos indebidos con dinero del Estado.
La sentencia alcanza a Nelly Quispe Urbina, exdirectora de la UGEL Pallasca, y a Edgue Aníbar Reyes Vivar, exjefe de personal. Ambos fueron hallados responsables del delito de exacción ilegal tras aprobar pagos fuera de la normativa vigente.
Sentencian a funcionarios de UGEL Pallasca por incentivos indebidos
Según la Fiscalía Anticorrupción del Santa, los exfuncionarios utilizaron resoluciones administrativas para justificar pagos irregulares mediante el sistema Sub Cafae.
Las investigaciones concluyeron que esos incentivos económicos no contaban con sustento legal ni autorización presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas.
El perjuicio económico afectó recursos destinados al sector Educación en la provincia de Pallasca, una de las zonas de Áncash donde persisten problemas de infraestructura y falta de atención educativa.
La Corte Superior del Santa dejó firme la condena y ordenó el pago solidario de más de 49 mil soles como reparación civil a favor del Estado.
Corte Suprema rechazó apelación de exfuncionarios
En el caso de sentencian a funcionarios de UGEL Pallasca, la defensa intentó revertir la decisión judicial ante la Corte Suprema. Sin embargo, el máximo tribunal declaró inadmisible el último recurso presentado.
Con esta decisión, la sentencia quedó prácticamente consentida y los exfuncionarios quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos.
El caso también generó preocupación porque revela fallas de control interno dentro de instituciones educativas públicas en Áncash.
Contraloría detectó más irregularidades
La Contraloría General de la República advirtió además otras irregularidades en la UGEL Pallasca relacionadas con incentivos y pagos indebidos realizados entre los años 2018 y 2019.
Los informes señalan un perjuicio económico superior a los 266 mil soles. Estas observaciones reforzaron las investigaciones fiscales y el proceso judicial.
El caso de sentencian a funcionarios de UGEL Pallasca refleja nuevamente cómo el uso irregular de recursos públicos termina afectando servicios esenciales para miles de estudiantes.
Mientras tanto, ciudadanos de Áncash y Chimbote exigen mayor fiscalización y sanciones más severas contra actos de corrupción en entidades del Estado.
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