La Sala Penal de Apelaciones revocó la resolución de primera instancia sobre el hábeas corpus de Victoria Espinoza y del exgerente municipal Julio Cortez Rojas en el caso «semáforos inteligentes». Con este fallo, la Corte Superior de Justicia del Santa declaró improcedente la demanda constitucional, dejando sin efecto la medida emitida por el Juzgado Constitucional de Chimbote.
El origen del fallo contra el hábeas corpus de Victoria Espinoza
La Procuraduría Pública del Poder Judicial presentó la apelación que frenó el hábeas corpus que obtuvo a su favor la exalcadesa de Chimbote Al evaluar el recurso, el tribunal determinó que la demanda buscaba reevaluar las pruebas de la condena por el delito de colusión simple.
Los magistrados remarcaron que esos cuestionamientos corresponden al fuero penal ordinario y no pueden revisarse mediante la garantía constitucional planteada. Asimismo, recordaron que el Tribunal Constitucional ya emitió un pronunciamiento previo con argumentos similares sobre la condena de la exalcaldesa.
Magistrado en la mira tras la revocación del hábeas corpus de Victoria Espinoza
Tras revocar el recurso, la Sala Penal ordenó remitir copias certificadas al órgano de control del Poder Judicial. Esta medida busca evaluar la actuación funcional del juez que declaró fundado inicialmente el hábeas corpus de Victoria Espinoza.
Implicancias de la resolución y la prescripción de la pena
La Sala precisó los alcances del fallo sobre el hábeas corpus de Victoria Espinoza para evitar interpretaciones erróneas:
- Sin nueva condena penal: La decisión se limita a determinar la improcedencia del recurso, por lo que no evalúa nuevamente la responsabilidad penal ni la inocencia de los implicados.
- Trámite de prescripción independiente: La anulación de esta garantía constitucional debe diferenciarse del procedimiento de prescripción de la ejecución de la pena de la exalcaldesa.
Para establecer la situación jurídica actual de la exautoridad edil, el fuero penal ordinario deberá verificar el estado de la prescripción. De esta manera, el proceso por el caso «semáforos inteligentes» continúa su cauce ordinario sin el respaldo de una garantía constitucional que favorecía a Victoria Espinoza
