Un niño de tres años terminó fuera de su aula de clase. El caso sobre Graciela Chipana juicio por discriminación avanza en los tribunales tras la acusación del Ministerio Público por presunta discriminación agravada contra un menor con trastorno del espectro autista (TEA). La Fiscalía pide condena penal y dos años y cuatro meses de inhabilitación pública. Los hechos sucedieron en la escuela estatal San Antonio de Padua, en Moquegua, donde Chipana ejercía como profesora antes de integrar el Congreso.
Los audios clave en el caso de Graciela Chipana juicio por discriminación
La fiscalía sostiene que la congresista impidió el ingreso del niño al aula en abril de 2025. Exigió a los padres contratar una «maestra sombra» o acompañante exclusiva, un gasto inasumible para la familia de bajos recursos. Durante el proceso por Graciela Chipana juicio por discriminación, se presentaron audios difundidos por Cuarto Poder donde la docente califica de «desgastante» la atención del alumno por sus problemas de comunicación.
Testimonios complican la situación legal de la parlamentaria. Una trabajadora del plantel confirmó que la profesora sugirió cambiar al menor de colegio si no pagaban la acompañante. Asimismo, el padre del infante denunció que la docente cerró la puerta y dejó al pequeño en el patio. La propia directora de la institución presentó la denuncia penal.
La defensa legal ante la acusación contra Graciela Chipana
Los abogados de la parlamentaria, José Domingo Pérez y Aldo Álvarez, rechazaron la acusación fiscal en la audiencia. Afirmaron que las palabras atribuibles a la legisladora reflejaban preocupación por el alumno y descartan cualquier trato discriminatorio. La diputada aseguró que asistirá a todas las citaciones para defender su inocencia.
El proceso legal entra en etapa probatoria y se resolverá en unos tres meses. La acusación formal determina que la congresista violó los derechos de igualdad, trato digno y educación del niño.
Reflexión sobre la inclusión educativa en Perú
El proceso de Graciela Chipana juicio por discriminación revela una grieta profunda en el sistema escolar público. Las aulas estatales carecen de apoyo para la neurodiversidad y el costo recae sobre familias vulnerables. Que una autoridad pública termine juzgada por cerrar la puerta a un niño muestra la distancia real entre las leyes y las aulas.
