Por aprovecharse de la emergencia sanitaria.
Los que resulten responsables de algún acto de corrupción durante la emergencia se les inhabilitará de por vida y, por consiguiente, no volverán a trabajar en el Estado nunca más, esto sucederá en caso de ser aprobado el proyecto de ley presentado por los congresistas del Frente Amplio (FA).
El vocero de esa bancada, Lenin Checco junto al congresista Lenin Bazan, presentaron el proyecto de ley “Muerte civil para los corruptos” que implica el incremento de penas para los delitos de corrupción que se cometan durante la emergencia sanitaria.
El proyecto de ley, modifica el artículo 38 del Código Penal, incorporando la inhabilitación perpetua o ‘muerte civil’, cuando la infracción recaiga sobre la adquisición o prestación de bienes y/o servicios para la atención y/o prevención de la salud, entre las que se encuentra la salud ambiental.
“En las últimas semanas se ha incrementado los actos de corrupción de autoridades y funcionarios, como el caso de compras irregulares de mascarillas, respiradores, y ambulancias como sucedió en mi región Apurímac, la cual se encuentra en plena investigación de la fiscalía. El FA, asume la responsabilidad de luchar frontalmente contra la corrupción, no podemos permitir que los que roban, vuelvan a trabajar para el estado”, señaló, el parlamentario.
La propuesta de ley, modifica los artículos 195, 384, 387, 389, 392 y 399 que están referidos a la tipificación de los delitos de receptación agravada, colusión simple y agravada, peculado doloso y culposo, malversación de fondos, extensión del tipo de peculado y negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo. Y añade el agravante, cuando el agente actúa como integrante de una organización criminal o cuando la conducta recae sobre programas con fines asistenciales, de apoyo o inclusión social o de desarrollo.
Asimismo, adiciona como agravante, los delitos cometidos en contra del Estado que vulneren el objetivo de los servicios o atenciones que se presenten en situaciones de emergencia sanitaria o ambiental, declaradas por la autoridad competente.
El incremento de las penas oscila entre los 4 y 20 años de pena privativa de libertad, dependiendo de los delitos cometidos y las circunstancias en que se cometieron, pudiendo inclusive, alcanzar las sanciones a las personas o representantes legales de los comprometidos.
