La fiscal suspendida enfrenta al Congreso.
La inhabilitación a Delia Espinoza representa un mensaje directo para intimidar a los fiscales del país. La suspendida fiscal de la Nación lanzó esta advertencia este jueves, después de que el Congreso aprobara inhabilitarla por diez años para ejercer cargos públicos. Se pronunció en conferencia de prensa y cuestionó la legitimidad de todo el proceso parlamentario.
Espinoza aseguró que el Congreso «cometió una fechoría tras otra» al votar su sanción. Indicó que los legisladores ignoraron una orden judicial que detuvo un procedimiento disciplinario en su contra. Según ella, este proceso intentó destituirla por no entregar el cargo de fiscal de la Nación a Patricia Benavides. «Nuestro Ministerio Público terminó de ser tomado», afirmó ante los medios.
Críticas al Poder Judicial por su silencio
La fiscal suspendida también criticó a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello. Reclamó su silencio y afirmó que esta actitud afecta la institucionalidad. Señaló que el Poder Judicial «no se pronuncia cuando la democracia lo necesita» y sostuvo que la ciudadanía espera claridad de sus autoridades. «No veo un compromiso con la legalidad», enfatizó.
Espinoza explicó que la decisión del Congreso busca enviar un mensaje intimidatorio a los fiscales. Dijo que la medida intenta generar miedo para evitar que reaccionen frente a presiones políticas. “No lo hacen por mí, lo hacen contra la autonomía del Ministerio Público”, declaró. Sostuvo que la lucha por la institucionalidad se vuelve más urgente después de la votación parlamentaria.
El impacto político dentro del Ministerio Público
A pesar de la sanción, Espinoza afirmó que se siente «legítima fiscal de la Nación». Consideró que Tomás Gálvez solo ocupa el cargo de manera interina y advirtió que una elección de un nuevo fiscal supremo convalidaría «la inconstitucionalidad de ayer». Recalcó que la Junta de Fiscales Supremos debe defender su autonomía y no ceder ante decisiones políticas.
La magistrada anunció que presentará una acción de amparo y nuevas denuncias por infracción constitucional. La inhabilitación a Delia Espinoza demuestra un riesgo real para la democracia, por lo que llevará su caso a todas las instancias necesarias. Concluyó que el Ministerio Público debe sostener su independencia para mantener la confianza ciudadana y frenar cualquier intento de control político.
