El incremento de la minería ilegal en Pallasca, sobre todo en las punas, es una amenaza latente para la conservación del agua, en esta parte de la región Áncash.
El agua, un recurso vital e irremplazable para el bienestar humano, opera como un recurso renovable cuando se gestiona adecuadamente.
Sin embargo, en la provincia de Pallasca, rica en recursos minerales, esta gestión adecuada está ausente debido a las actividades ilegales de la minería informal.
Esta situación no es nueva, sino que se ha exacerbado en los últimos tres años, con una preocupante falta de atención por parte de las autoridades políticas y las comunidades locales.
En este contexto, los mineros, en complicidad con algunos propietarios de tierras, han convertido las punas de Pallasca, Huandoval, Huacaschuque y Lacabamba en el epicentro de su actividad ilegal, contaminando el agua con residuos de sustancias tóxicas como kerosene, cianuro de sodio y ácido sulfúrico, entre otros.
Minería ilegal toma las punas.
Según el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), dependiente del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), en el distrito pallasquino de Lacabamba, hay registrados 14 proyectos mineros, pero la ilegalidad se ha adueñado de áreas como la puna de Chora y la cuenca de Chorro Grande, afectando gravemente la biodiversidad y la salud de los habitantes locales.
En el distrito de Pallasca, que comparte nombre con la provincia ancashina, se registran 41 proyectos mineros, 15 de los cuales pertenecen a la Compañía Minera ELORO Perú SAC, con presencia también en Huandoval.
Sin embargo, las conversaciones entre la minera y la comunidad campesina para obtener permisos y continuar con el proyecto «La Victoria» han generado división entre los pobladores, ya que el proyecto requerirá un mayor uso de agua, agravando aún más la escasez.
Esta escasez de agua se hace evidente en los meses de agosto, setiembre y octubre, cuando la falta de lluvias provoca que el suministro llegue de manera intermitente a las casas, generando conflictos entre los regantes por el acceso al recurso.
La gravedad de la situación ha llevado a algunos agricultores a utilizar aguas servidas para sus actividades agrícolas.
La pobladora Mary Acosta Corales, defensora del medioambiente, señala que desde 2017 la minera ha buscado cerrar un acuerdo con la comunidad, ofreciendo primero 35 mil y luego 200 mil por la firma del permiso.
Ante esta situación, se cuestiona si un grupo reducido de comuneros puede decidir en nombre de toda una población el uso del agua, expresando preocupación por el futuro de su pueblo.
Además, la minería informal, atraída por el oro, ha llegado también al distrito, como evidencia el crecimiento del centro poblado de Llaymucha.
Los pobladores exigen la intervención de las autoridades frente a este grave atentado ecológico, reconociendo la importancia de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las de las futuras generaciones, pues el agua es vida.
