Juez Richard Carhuancho acoge pedido del Ministerio Público.
El juez de investigación preparatoria nacional, Richard Concepción Carhuancho, aprobó anoche la solicitud del Ministerio Público de impedimento de salida del país de la primera dama Nadine Heredia.
Asimismo, tomó la misma decisión sobre su hermano Ilan Heredia y de su amiga Rocío Calderón, investigada por el presunto delito de lavado de activos.
Durante la audiencia en la Sala penal Nacional, el fiscal Germán Juárez señaló que los hechos ocurrieron en el 2006 y 2011, cuando se habría registrado un presunto ingreso de dinero ilícito para financiar la campaña del Partido Nacionalista, proveniente de Venezuela, según el representante de la Fiscalía.
De acuerdo a Juárez Atoche, ese dinero se habría usado en las campañas electorales del citado partido político y otra parte en la compra de inmuebles. Con este propósito, argumentó, se presentaron contratos de trabajo simulados.
En tal sentido, solicitó la medida de impedimento de salida del país de los tres investigados, el pago de una caución de 50,000 soles cada uno, no ausentarse del lugar de residencia, registrar su firma en el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional cada 30 días, presentarse a las citaciones que les haga el Ministerio Público o autoridad judicial, así como no concurrir a lugares de dudosa reputación ni consumir bebidas alcohólicas ni drogas.
Abogados apelan las medidas
El abogado de Nadine Heredia, Eduardo Roy Gates, expresó su disconformidad con la solicitud fiscal y pidió declarar infundado el requerimiento y, por el contrario, se imponga una medida de comparecencia simple, porque el impedimento de salida del país es “totalmente deficiente”.
Mientras que la defensa de Ilan Heredia, Luis Vivanco Gotelli, también rechazó los argumentos del fiscal, e indicó que el requerimiento no tiene la motivación suficiente y no justifica la medida de impedimento de salida del país.
Por su parte, el abogado Julio Espinoza Goyena, defensor de Calderón Vinatea, precisó que en el caso de su defendida “no existen graves ni fundados elementos de convicción” para dictar una medida de esa naturaleza.
“El requerimiento tiene defectos, vacios e inconsistencias”, remarcó.
