“Los Piratas”: crimen, corrupción y millones bajo investigación.
En un megaoperativo simultáneo que estremeció varias regiones del país, la Policía Nacional y la Fiscalía lograron capturar a 16 personas, entre ellas nueve policías y siete civiles, acusadas de integrar la organización criminal “Los Piratas”, vinculada a delitos de sicariato, extorsión, tráfico de drogas y robo agravado.
La acción se ejecutó la madrugada del 14 de octubre en Tarapoto, región San Martín, y, además, se extendió a ciudades como Iquitos, Pucallpa, Lima, Tocache y Moyobamba, como parte de una investigación de inteligencia que se inició en 2022 y que permitió coordinar este operativo de gran escala.
Una red infiltrada en la Policía
Más de 25 fiscales especializados en crimen organizado participaron en la intervención ordenada por el Poder Judicial. El coordinador nacional de los fiscales contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, informó que 26 personas están bajo investigación, entre ellas tenientes y capitanes de la Policía Nacional.
Según Chávez Cotrina, “Los Piratas” habrían ejecutado homicidios, extorsiones y robos de droga, utilizando información interna para proteger sus operaciones y evadir controles.
“Los Piratas”: vínculos y ganancias millonarias
El fiscal de Tarapoto, Jaime Rojas, reveló que entre los capturados figura William Ruiz, alias “El Empresario”, presunto autor intelectual de un homicidio ocurrido en 2022. Además, se allanó el penal de Tarapoto, donde permanecen varios policías del grupo Terna implicados en robos, marcaje y tráfico ilícito de drogas.
De acuerdo con las pesquisas, “Los Piratas” operaron durante varios años en San Martín y otras zonas del país, acumulando más de tres millones de soles producto de sus actividades ilegales.
Un nuevo reto contra la corrupción
Por ahora, los detenidos serán puestos a disposición del Poder Judicial, mientras tanto, el Ministerio Público evalúa solicitar prisión preventiva. De esta manera, este golpe a “Los Piratas” evidencia la profundidad de la corrupción policial y, al mismo tiempo, subraya la urgente necesidad de reformar los mecanismos de control interno dentro de las fuerzas del orden.
En consecuencia, el país vuelve a enfrentarse a una dura verdad: el crimen no solo se combate en las calles, sino también dentro de las instituciones que deberían protegernos.
