La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, en Lima, aprobó este dictamen para delegar facultades al Ejecutivo durante 90 días calendario. La medida busca enfrentar la inseguridad ciudadana y los desastres del Fenómeno El Niño, tras rechazar una propuesta inicial que planteaba archivar el pedido del Gobierno.
Un pacto político para acotar el poder del Gobierno
El texto aprobado no es el proyecto original de la presidenta Dina Boluarte. Las bancadas de Renovación Popular, Partido Cívico Obras, Ahora Nación y Partido del Buen Gobierno diseñaron un texto de consenso. Este nuevo documento recortó las pretensiones iniciales de Palacio de Gobierno para evitar abusos.
La presidenta del grupo de trabajo, Giannina Avendaño, confirmó que se trata de un marco normativo mucho más acotado. El Congreso busca dar respuestas concretas ante la ola de violencia que azota al Perú, pero manteniendo el control sobre los decretos legislativos.
Críticas por izquierda y derecha al dictamen
El debate en el Pleno promete chispas porque la propuesta no satisface a nadie por completo:
- Fuerza Popular exige más mano dura: Arturo Alegría, Cecilia Chacón y Pier Figari votaron a favor, pero tildaron el texto de insuficiente. Exigen incluir inteligencia, despliegue de Fuerzas Armadas y control estricto de las cárceles.
- Juntos por el Perú rechaza «cheques en blanco»: Los legisladores de izquierda alertaron que el pedido inicial del Ejecutivo carecía de precisión. Prometieron fiscalizar cada paso para no entregar facultades al Gobierno sin fiscalización real.
La trastienda de una votación dividida para otorgar facultades al Ejecutivo
Horas antes de la votación final, la comisión rechazó archivar la solicitud presidencial con 5 votos a favor y 15 en contra. Tras ese freno, el nuevo dictamen de consenso logró luz verde con 13 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones.
El país enfrenta una crisis criminal desbordada y la amenaza inminente del clima. Dar estas facultades al Ejecutivo representa una tregua temporal entre dos poderes del Estado que suelen atacarse. Sin embargo, aprobar leyes no resuelve los problemas por arte de magia. La pelota pasa ahora al Pleno del Congreso, donde los parlamentarios deberán demostrar si fiscalizan de verdad o si solo firman permisos para lavarse las manos.
