Bien mirado, el caso del ahora ex secretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez era un iceberg con suficiente punta asomando en aguas locales, como para que se encendieran todas las alarmas desde hace buen tiempo.
La información periodística sobre una investigación en curso de la DEA —oficialmente negada respecto de Keiko Fujimori, pero ni confirmada ni desvirtuada con relación al también congresista— ha sacado a flote un grueso expediente de pesquisas oficiales desde, cuando menos, 2014.
En septiembre de ese año, la exprocuradora para lavado de activos Julia Príncipe halló elementos suficientes para denunciar el caso ante el Ministerio Público; el despacho fiscal valoró luego, en 2015, que había mérito para investigar previo levantamiento de la inmunidad del dirigente y parlamentario de FP; finalmente, la Sala Penal de la Corte Suprema frustró este último e indispensable requisito por un criterio meramente procesal.
En el expediente Ramírez lo que está en el ojo de las fundadas sospechas fiscales es el origen incierto de un patrimonio que suma de siete millones de dólares entre casi 40 propiedades inmuebles y más de un treintena de vehículos, además de dos departamentos en Miami (uno de ellos en la millonaria zona de Bal Harbour).
Con excepción de sus adquisiciones en La Florida, la información sobre la controversial fortuna de Ramírez, así como las indagaciones y diligencias que desencadenó, han sido de amplio dominio público durante más de uno año.
Pero durante todo ese tiempo, el asunto no provocó ni un pestañeo en FP ni una levantada de cejas de su candidata. Y, peor aún, cuando en las últimas horas ella y su agrupación lo han defendido personal e institucionalmente mientras se revelaba que las indagaciones de la DEA sobre el financista de la campaña fujimorista tendrían que ver con el capo Miguel Arévalo Ramírez, cuyo correlato local parece ser el pedido de la procuradora Sonia Medina para que se le investigue por lavado de activos del narcotráfico.
El alejamiento de Ramírez de la secretaría general es, formalmente, una iniciativa suya que parece no será suficiente para disipar la suma de todas las sospechas que se arremolinan ahora en torno a Keiko Fujimori y su partido. (TEXTOS: Iván García Mayer )
