José Peláez Bardales , Carlos Ramos Heredia y Dante Farro Murillo en revelador informe de la Comisión Ancash.
El gobierno nacionalista de Ollanta Humala, que nos ofreció la gran transformación e inclusión social en campaña electoral, finalmente ha quedado atrapado en el fango de la degradación moral de la clase política, la corrupción generalizada y la inseguridad ciudadana.
Sin la reacción oportuna del Estado para detener el avance incontenible de estas lacras, el pueblo, con razón o sin ella, ha ido ensayando peligrosamente, decepcionado y por cuenta y riesgo propios, las efectivas recetas ancestrales extraídas de “Ushanan Jampi” o “Fuente Ovejuna”.
Así, a través del “Chapa tu choro y déjalo paralítico”, actualiza y echa mano a ese remedio popular, que se explica, pero que no se justifica.
Pero, ante una población enardecida por la inacción del Estado y por la desastrosa estrategia del actual gobierno para frenar estos flagelos sociales, de poco sirve entretenernos en analizar las causas que originan tal reacción o en proyectos a largo plazo para que esta situación no se repita. El ciudadano de a pie necesita percibir reacciones inmediatas del Estado, como por ejemplo, dictando drásticas penas para quienes debieron administrar justicia en su debido momento y que pudieron evitar que la corrupción extienda con mayor facilidad sus tentáculos, amparada en la impunidad que le brindaban.
La prensa ha jugado un papel importantísimo poniendo en agenda mediática las cabezas de autoridades corruptas y las de estos malos jueces o fiscales, y éstas han rodado.
En Ancash, antes del asesinato de Ezequiel Nolasco, que atrajo la atención de la prensa nacional, era imposible imaginar que César Álvarez Aguilar pueda terminar recluido en el penal de Piedras Gordas. Menos aún, que el otrora todopoderoso fiscal Dante Farro Murillo fuera finalmente tratado como lo que realmente es, un vulgar corrupto, y recluido en el penal Castro Castro.
La reciente aprobación del informe final de la Comisión Ancash, que recomienda denunciar penalmente a los ex fiscales de la Nación José Peláez Bardales y Carlos Ramos Heredia, es el norte que debe seguirse, porque aún los brazos de la justicia no está alcanzando a todos los que lucraron en la era Álvarez aprovechándose de sus cargos de magistrados.
¿Podemos respirar aires de justicia con Liliana Otero Salinas en la presidencia del directorio de Seda Chimbote olvidando que, cuando era jueza, emitió cartas fianzas a favor de Coopex, en una acción ligada a la red criminal de Rodolfo Orellana? ¿Puede quedar sin castigo el doloso accionar del ex juez Juan Jacobe Vicente luego de emitir el laudo arbitral a favor del Consorcio Roca Fuerte en contra de CHINECAS, teniendo el oscuro antecedente de haber sido expectorado del Poder Judicial por corrupto?
