Actualización | 23 de junio de 2026
Luego de ser sentenciado por el delito contra la administración pública, en la modalidad de nombramiento indebido para cargo público, Andy Abstemio Lara Vivar cumplió la condena impuesta y solicitó su rehabilitación. El Juzgado de Investigación Preparatoria de Cabana declaró fundada su petición en el Expediente N° 00033-2017-0-2504-JR-PE-01, disponiendo la restitución de sus derechos y la cancelación de los antecedentes derivados de la sentencia, conforme establece la legislación vigente.
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Los exdirectores de Educación Áncash, Luis Guillermo Pasco Ames y Andy Lara Vivar, reconocieron ante el Juzgado Penal Unipersonal de Cabana su responsabilidad en delitos vinculados con un nombramiento irregular en el sector Educación. El proceso concluyó mediante la figura de conclusión anticipada. Ambos recibieron una condena que incluye multa, inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de una reparación civil.
Exdirectores de Educación Áncash aceptaron los cargos
Luis Guillermo Pasco Ames, exdirector de la Dirección Regional de Educación de Áncash (DREA), y Andy Lara Vivar, exdirector de la UGEL Pallasca, admitieron los hechos atribuidos por el Ministerio Público durante la audiencia judicial desarrollada en Cabana.
La Fiscalía los acusó de intervenir en la emisión de una resolución que permitió un nombramiento indebido en la administración pública y el ejercicio irregular de un cargo para el que no se cumplían todos los requisitos exigidos por la normativa vigente.
Al reconocer los hechos, los exdirectores de Educación Áncash optaron por acogerse a la conclusión anticipada, mecanismo legal que permite resolver un proceso penal cuando los acusados aceptan su responsabilidad.
Sentencia para los exdirectores de Educación Áncash incluye multa e inhabilitación
La jueza María Julia Regalado aceptó el pedido con la conformidad del fiscal Wilfredo Delgado.
Como pena principal, ambos recibieron 52 días multa, equivalentes a 930 soles cada uno. Además, la magistrada dispuso 52 días de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La reparación civil quedó fijada en 2,572 soles, monto que deberán pagar de manera solidaria.
Caso de exdirectores de Educación Áncash expone fallas institucionales
Durante el juicio, los condenados solicitaron la reserva del fallo. Sin embargo, el representante del Ministerio Público se opuso y el juzgado rechazó el pedido.
Otro hecho que llamó la atención fue la ausencia de representación legal de la UGEL Pallasca. A pesar de las reiteradas notificaciones judiciales, ningún abogado acudió a las audiencias para defender los intereses de la entidad agraviada.
La Fiscalía hizo notar esta situación durante el proceso y cuestionó que la institución no participara activamente en un caso que involucraba directamente a su administración.
Uno de los exdirectores admitió incumplimiento de requisitos
Durante su declaración, Andy Lara Vivar reconoció que no cumplía con uno de los requisitos exigidos para ejercer el cargo. Según se informó en audiencia, contaba con nivel 2 cuando la norma exigía como mínimo nivel 5.
Por su parte, Luis Guillermo Pasco Ames, otro de los exdirectores de Educación Áncash, señaló que actuó inducido al error, aunque aceptó plenamente su responsabilidad penal en los hechos investigados.
Antes de la sentencia, ambos afrontaban órdenes de captura. Pasco Ames fue detenido en enero de este año en el distrito de Nuevo Progreso, provincia de Tocache, donde se desempeñaba como gerente municipal.
Una sentencia que deja lecciones para la gestión pública
El caso de los exdirectores de Educación Áncash vuelve a poner en debate la transparencia en los procesos de designación dentro del sistema educativo. Aunque la legislación no contempla prisión efectiva para estos delitos, la sentencia evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en las instituciones públicas.
La ciudadanía exige que los cargos públicos se asignen respetando los requisitos legales y los principios de mérito. Casos como este muestran que las irregularidades administrativas también generan responsabilidades penales y afectan la confianza en el Estado.
