La lucha contra el crimen organizado en el Perú da un giro decisivo. Desde ahora, la criminalidad sistemática se reconoce en el Código Penal y acarrea la pena máxima: cadena perpetua.
El 22 de septiembre se oficializó la Ley N.° 32446, que incorpora el artículo 318-B al Código Penal. Con esta medida, delitos como extorsión, sicariato, secuestro, homicidio calificado y robo agravado recibirán sanciones más severas. El nuevo marco legal busca responder al avance de las mafias y la violencia que golpea a las ciudades del país.
La norma establece que toda persona que utilice armas de fuego, explosivos u otros medios de alto poder destructivo para cometer estos delitos, generando terror o zozobra en la población, enfrentará la condena de por vida. Se trata de un esfuerzo del Estado por cerrar vacíos legales que antes dificultaban sancionar con contundencia a redes criminales.
La presidenta Dina Boluarte y el titular del Congreso, José Jerí Oré, firmaron la ley que consolida 17 proyectos presentados por diversas bancadas. Este respaldo multipartidario evidencia la urgencia de reforzar la seguridad ciudadana en medio de una ola de extorsiones y asesinatos por encargo.
El Ministerio del Interior subrayó que la criminalidad organizada opera con patrones de violencia planificada, recursos bélicos y capacidad de generar terror colectivo. Por ello, la legislación se ajusta a estándares internacionales que ya reconocen la criminalidad sistemática como un delito autónomo.
Los especialistas coinciden en que la ley representa un hito, pero advierten que su éxito dependerá de la capacidad operativa de la Policía y la eficiencia del sistema judicial. Endurecer sanciones sin fortalecer la investigación criminal podría limitar el impacto real de la medida.
La incorporación de la criminalidad sistemática al Código Penal marca un antes y un después en la política de seguridad del Perú. Con la cadena perpetua como castigo, el Estado envía un mensaje claro a las mafias: no habrá espacio para la impunidad. Ahora la responsabilidad recae en que las instituciones traduzcan esta norma en resultados tangibles para recuperar la confianza ciudadana.
