La Contraloría General y los Órganos de Control Institucional (OCI) realizarán un acompañamiento al proceso de transferencia de la gestión administrativa de los gobernadores regionales y alcaldes, entrantes y salientes, para que este proceso se desarrolle según la normatividad vigente y se garantice la continuidad y fluidez de la prestación de los servicios públicos, así lo dio a conocer David Quiroga Paiva, Gerente Regional de Control Áncash.
Con el control preventivo, se evitará que los ciudadanos se vean afectados por la interrupción del servicio de recojo de basura, paralización de obras que afectan el tránsito vehicular dentro de la circunscripción o que el personal se vea afectado por falta de pago, entre otros. Son 22 municipalidades provinciales y 153 municipalidades distritales en la región Áncash y las provincias de Huacaybamba y Marañón de Huánuco del ámbito de la Gerencia de Control de Áncash que deben efectuar el proceso de transferencia de gestión.
El proceso de transferencia de gestión administrativa es un mandato legal, de obligatorio cumplimiento, que promueve la rendición de cuentas, la vigilancia ciudadana y contribuye a la legitimidad de los gobiernos descentralizados y la consolidación de la democracia.
Sanciones administrativas y/o penales
Las autoridades (salientes o entrantes), funcionarios o servidores de la entidad que realicen actos orientados a ocultar información, o entorpecer e impedir, incumplir u omitir las obligaciones previstas en la Directiva N° 008-2018-CG/CTN sobre la “Transferencia de la gestión administrativa de los gobiernos regionales y gobiernos locales”, quedan sujetos a la responsabilidad administrativa o responsabilidad penal reguladas en la normativa respectiva, correspondiendo en este último caso poner los hechos a conocimiento del Ministerio Público.
