Los bloqueos en la Panamericana han puesto al país al borde del colapso. Esta vía, arteria esencial que conecta el norte y el sur con Lima, permanece tomada en varios tramos. Cientos de buses interprovinciales se encuentran varados bajo el sol y la noche, sin alimentos ni atención médica. En esos vehículos, niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades graves soportan condiciones extremas mientras el Estado permanece ausente.
Pero no se trata solo de la Panamericana. Otras rutas vitales también están cerradas. En Trujillo, la vía a Pataz se encuentra bloqueada. El corredor minero en Cusco, especialmente en Capaccmarca, también está tomado. En Arequipa, Atico y Caravelí viven una situación tensa. En Puno, las vías están cortadas desde hace días. A ello se suman anuncios de cierres en Apurímac, Ayacucho, Lambayeque y Cajamarca. Es un cerco nacional en plena expansión.
La consecuencia directa es la paralización de la economía regional. Miles de familias que viven del comercio diario no pueden movilizar sus productos. Las verduras se pudren, los mercados quedan desabastecidos y el combustible comienza a escasear. La cadena logística del país se rompe. Todo mientras las autoridades apenas reaccionan.
¿Quiénes están detrás de estos bloqueos en la Panamericana? Sectores vinculados a la minería ilegal e informal, articulados por intereses económicos que no temen enfrentar al Estado. Su objetivo es claro: forzar la aprobación de la Ley MAPE, una norma impulsada desde la Comisión de Energía y Minas del Congreso que pretende dar impunidad a una actividad ilícita que mueve más de 2,500 millones de dólares al año.
El Congreso lo sabe. El Ejecutivo también. Y, sin embargo, ambos poderes se mantienen dubitativos, omisos, incluso cómplices. Mientras los extremos del Legislativo —tanto de izquierda como de derecha— protegen a mineros ilegales con los que tienen evidentes vínculos, el Gobierno se concentra en justificar los privilegios de la presidenta y sus gastos superfluos.
El Perú no se detuvo por una protesta social espontánea. Se paralizó por una maquinaria bien financiada que busca imponer una ley hecha a su medida. Y mientras tanto, en las carreteras, el pueblo sufre. El silencio cómplice de las autoridades solo confirma que hay algo más que indiferencia detrás de esta tragedia nacional.
