Camioneta pública en concesionaria de Chimbote desata escándalo en UGEL Pallasca
El Consejo Regional de Áncash aprobó por unanimidad una serie de acciones de fiscalización tras conocer el presunto uso indebido de camioneta institucional asignada a la UGEL Pallasca, adquirida con fondos públicos y hallada en una concesionaria de Chimbote. El pleno tomó el acuerdo durante su sesión ordinaria del 4 de diciembre de 2025, al considerar que el caso evidencia graves riesgos en la gestión de bienes del Estado.
El hecho encendió las alertas al confirmarse que el vehículo permanecía en la concesionaria Autonort Toyota, fuera de la jurisdicción de la UGEL Pallasca. Esta situación generó dudas sobre la legalidad del traslado, el estado real del vehículo y un eventual uso irregular de recursos públicos, lo que motivó la intervención directa del órgano fiscalizador regional.
Consejo Regional activa fiscalización por uso de bien público
Durante la sesión, los consejeros revisaron el informe de fiscalización y coincidieron en la necesidad de actuar con firmeza ante el uso indebido de camioneta. El acuerdo establece tres acciones clave: verificar el estado físico y mecánico de la camioneta, confirmar la legalidad del traslado fuera de la jurisdicción y determinar responsabilidades administrativas si se comprueba uso indebido de camioneta o falta de mantenimiento oportuno.
El Consejo dispuso además remitir el informe a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional de Áncash y a la UGEL Pallasca, con el fin de evaluar sanciones contra los funcionarios involucrados. La decisión refuerza el rol fiscalizador del Consejo Regional frente a actos que comprometen el interés público.
Sanción previa contra exdirector refuerza gravedad del caso
El caso no parte de cero. Este episodio ya provocó una sanción administrativa contundente contra Estuardo Díaz Robles, entonces director encargado de la UGEL Pallasca. La Resolución Directoral Regional N.º 1854, emitida el 1 de septiembre de 2025, dispuso su cese temporal por nueve meses sin goce de remuneraciones, tras una decisión unánime de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios.
La comisión confirmó graves irregularidades en su gestión, lo que marcó el fin de más de ocho años en el cargo. Este antecedente fortalece la hipótesis de una cadena de responsabilidades administrativas que ahora el Consejo Regional busca esclarecer de manera integral.
Funcionarios bajo investigación y posible denuncia penal
Según el Acuerdo de Consejo Regional N.º 313-2025-GRA/CR, la investigación alcanza a otros seis funcionarios: Adán Colonia Cántaro, Marco Sánchez Galarza, José Carrera Muñoz, Rocío Mautino Vidaurre, Fredy Macedo Hilario y Zacarías Fajardo Ñuñuvero. Todos, involucrados en el uso indebido de camioneta, podrían enfrentar sanciones por incumplimiento de normas, negligencia funcional, uso indebido de bienes públicos y abuso de autoridad.
El acuerdo también recomienda que el Procurador del Gobierno Regional de Áncash evalúe una denuncia penal ante el Ministerio Público por presuntos delitos de colusión y otros en agravio del Estado. Además, el Consejo ordenó registrar la fiscalización en el balance semestral y publicar el acuerdo en el portal institucional, como medida de transparencia.
Este caso evidencia cómo el uso indebido de camioneta de la UGEL Pallasca afecta la confianza ciudadana y debilita la gestión pública. El control oportuno y las sanciones efectivas marcan la diferencia entre la impunidad y la rendición de cuentas. La ciudadanía debe exigir seguimiento a este proceso y vigilancia permanente sobre el uso de los recursos públicos. La transparencia no admite concesiones.
ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL DE ÁNCASH N° 313-2025-GRA/CR by Bolognesi Noticias
