Fiscalía acusa a red criminal de Álvarez y Arroyo por homicidio y asociación ilícita.
Acusación contra César Álvarez. La justicia avanza contra las redes de poder en Áncash. La Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada, dirigida por el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, presentó una acusación formal contra la organización criminal presuntamente liderada por el exgobernador regional César Álvarez Aguilar y el exalcalde de la provincia del Santa, Luis Humberto Arroyo Rojas.
Una acusación que estremece el panorama político regional
El Ministerio Público imputó a ambos exfuncionarios los delitos de asociación ilícita para delinquir, homicidio calificado y lesiones graves. La acusación se sustenta en el asesinato del exconsejero regional Ezequiel Nolasco Campos y los atentados contra otros opositores al régimen de Álvarez, quienes denunciaron corrupción y manejos ilícitos en la región Áncash.
El fiscal Chávez Cotrina solicitó 35 años de prisión para César Álvarez, mientras que para otros 28 implicados pidió penas que van desde los 10 hasta los 35 años de cárcel. También planteó una reparación civil que supera los 500 mil soles para las víctimas.
Acusación contra César Álvarez e imputados con amplio historial de vínculos políticos y delictivos
La acusación incluye a figuras como Jorge Luis Burgos Guanilo, Hernán Molina Trujillo, Rubén Moreno Olivo (“Goro”), entre otros presuntos integrantes del aparato criminal que operó durante la gestión de Álvarez. Esta red, según la fiscalía, se habría sostenido en amenazas, violencia y asesinatos para consolidar su control político y económico.
Un paso firme en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado
El fiscal Chávez Cotrina destacó el compromiso de su equipo frente a estructuras mafiosas que se infiltraron en el poder regional. La acusación representa un hito en el caso Nolasco, símbolo de la violencia política que marcó a Áncash.
La justicia se aproxima a uno de los juicios más relevantes en la historia reciente del país. El caso de César Álvarez no solo revela el rostro de la corrupción en los gobiernos regionales, también pone a prueba la firmeza del Estado frente al crimen organizado.
