El Congreso archiva denuncias contra la expresidenta en un nuevo episodio que refuerza la controversia política. La decisión, que confirma que archivan denuncias a Dina Boluarte, se tomó en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) durante una sesión virtual con nueve votos a favor y tres en contra. Las denuncias apuntaban a presuntas infracciones constitucionales y actos de corrupción durante su mandato en el Perú.
Archivan denuncias a Dina Boluarte en la SAC del Congreso
La subcomisión decidió no continuar con la denuncia 516, presentada por el congresista Juan Burgos. El caso también incluía al expremier Gustavo Adrianzén y señalaba posibles vulneraciones a los artículos 28, 38 y 118 de la Constitución.
Qué implica que archivan denuncias a Dina Boluarte
El proceso confirma que Dina Boluarte se libra de ser acusada constitucionalmente junto a la denuncia 657, impulsada por Edwin Martínez. Este expediente involucraba a los exministros Raúl Pérez-Reyes y César Sandoval por presuntos delitos de corrupción en agravio del Estado.
La votación refleja una mayoría parlamentaria que opta por cerrar investigaciones sensibles sin avanzar a instancias mayores.
Un patrón político en el Congreso
El hecho de que archivan las denuncias contra la expresidenta no resulta aislado. En mayo de 2025, la SAC archivó otra denuncia vinculada al denominado “caso Rolex”, al considerar que no existían pruebas suficientes.
En septiembre del mismo año, el Congreso también frenó investigaciones por las más de 50 muertes registradas durante las protestas sociales entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
Bancadas que definieron el resultado
En estos procesos donde archivan denuncias a Dina Boluarte, los votos decisivos provinieron principalmente de Alianza para el Progreso y Fuerza Popular, bancadas que han mantenido una posición constante en la subcomisión.
Un cierre que deja cuestionamientos
El hecho de que nuevamente archivan denuncias a Dina Boluarte reabre el debate sobre el rol fiscalizador del Congreso. La reiteración de estos fallos alimenta la percepción de blindaje político y debilita la confianza en los mecanismos de control.
Más allá del cierre de los expedientes, el tema instala una discusión de fondo: la necesidad de reformas que garanticen independencia y transparencia en la evaluación de denuncias constitucionales.
