Perú
TC reafirma límites y deja sin efecto procesos previos por delitos de lesa humanidad
Una votación dividida en el Tribunal Constitucional marcó un nuevo punto de quiebre en la discusión sobre los delitos de lesa humanidad en el Perú. Los magistrados confirmaron la vigencia de la Ley 32107 porque no alcanzaron los cinco votos necesarios para declararla inconstitucional. Cuatro votos respaldaron la norma y tres pidieron anularla. El resultado dejó infundadas las demandas del Colegio de Abogados de Lima y del Ministerio Público.
Decisión dividida en el Tribunal Constitucional
El colegiado se pronunció en Lima durante la evaluación de una norma que impacta directamente en procesos por violaciones a los derechos humanos cometidas en el conflicto interno. Luz Pacheco, Francisco Morales, César Ochoa y Pedro Hernández sostuvieron que el país debe respetar el principio de legalidad. Helder Domínguez, Gustavo Gutiérrez y Manuel Monteagudo cuestionaron ese criterio porque restringe el juzgamiento de graves crímenes.
El alcance real de la Ley 32107
La ley fija que los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra aplican únicamente a hechos cometidos desde el 1 de julio de 2002, fecha de entrada en vigor del Estatuto de Roma. Para hechos previos rige el Código Penal de 1991, con sus plazos de prescripción. El TC argumentó que el país no puede castigar conductas sin tipificación previa y que una aplicación retroactiva afecta el derecho al plazo razonable, la libertad de los procesados y también el derecho de las víctimas a procesos compatibles con el debido proceso.
Un fallo que reabre el debate político y jurídico
El pronunciamiento del Tribunal Constitucional crea un nuevo escenario. Muchos militares investigados por violaciones graves podrían quedar sin castigo si los hechos ocurrieron antes de 2002. Organismos de derechos humanos anticipan impugnaciones y alertan sobre el impacto en la memoria histórica. El TC pidió al Congreso una reforma clara del Código Penal para incorporar, sin ambigüedades, los elementos de los delitos de lesa humanidad.
Esta decisión redefine el mapa judicial y obliga al país a enfrentar, una vez más, el dilema entre legalidad, justicia y memoria.
