Una investigación periodística reveló un esquema que compromete directamente al partido «Fuerza Popular» y a la administración del actual presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. El programa «Cuarto Poder» demostró que trabajadores de Fuerza Popular con contratos vigentes en el Parlamento cumplen funciones internas en el local partidario de Santa Beatriz, Cercado de Lima, durante horario laboral. El Estado les paga por actividades legislativas que no ejecutan.
Militantes en planilla, pero ausentes en el Congreso
La investigación registró a Leticia Leyva Baylón, Jorge Llerena Portugal y Geraly Ulloa Depaz entrando al local partidario en distintos días. Los tres figuran como trabajadores del Congreso y reciben salarios que superan los S/3 500, S/6 000 y S/10 000 mensuales, respectivamente.
Los reporteros consultaron en las oficinas donde deberían trabajar y nadie los reconoció. El caso más llamativo recayó en Jorge Llerena, contratado como auxiliar del despacho de la congresista Auristela Ana Obando Morgan. La parlamentaria afirmó: “Nunca lo he escuchado” y luego, ante insistencia, señaló conocer su nombre, aunque no explicó sus tareas.
Coordinaciones internas en pleno horario laboral
Geraly Ulloa aparece contratada como técnica de la Comisión Especial Multisectorial a favor del VRAEM. Sin embargo, un trabajador de la comisión fue directo: «Aquí no hay ninguna Geraly Ulloa». El dominical verificó que ella permaneció en el local fujimorista los días 19, 20 y 24 de noviembre, siempre en horario laboral.
Leticia Leyva, asesora del despacho del congresista Eduardo Castillo Rivas, también fue grabada coordinando actividades, recibiendo invitados y permaneciendo por horas en el local partidario. En el portal del Congreso no figura ningún descuento por inasistencias de estas personas.
Un caso que compromete al liderazgo fujimorista
El hallazgo golpea la imagen de Fuerza Popular en plena campaña de Keiko Fujimori rumbo a abril de 2026. La investigación evidencia uso irregular de recursos públicos y una estructura que opera sin control ni supervisión legislativa. La consecuencia inmediata recae en la credibilidad del Congreso, que enfrenta nuevamente un caso de presunto abuso laboral y político en su interior.
El país exige explicaciones y medidas inmediatas porque los trabajadores de Fuerza Popular operan con recursos del Estado en actividades partidarias. El uso de dinero público para sostener operaciones políticas no solo erosiona la confianza institucional, sino que profundiza el hartazgo ciudadano frente a la corrupción. Este caso confirma que la vigilancia periodística sigue siendo clave para revelar lo que el poder intenta ocultar.
