Gina Gálvez, con condena vigente, asiste a actos oficiales.
Una exfuncionaria condenada por corrupción se mueve con total libertad dentro del entorno del presidente José Jerí, sin cargo oficial, sin oficina y sin resolución que formalice su papel en el Ejecutivo. Gina Gálvez Saldaña, exgerente general del Gobierno Regional de Áncash, recibió en mayo de 2025 una sentencia de cuatro años y ocho meses de prisión efectiva por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
A pesar de esa condena, Gálvez aparece en actos oficiales, reuniones internas y visitas protocolares, siempre dentro del primer anillo de seguridad presidencial. En videos difundidos por Panorama, se observa su cercanía constante con Jerí: se desplaza junto a él, conversa brevemente y coordina movimientos como si integrara el equipo oficial.
Condenada por corrupción, realiza ingresos nocturnos y sin registro formal en Palacio.
Los registros de ingreso a Palacio confirman su presencia frecuente. Durante octubre, ingresó tres veces como “particular”: el 14 a las 8:37 p. m., el 16 a las 6:35 p. m. y el 18 a las 10:31 a. m., permaneciendo incluso hasta pasada la medianoche. Ninguno de esos ingresos figura como asesoría, visita institucional o coordinación política, lo que refuerza la sospecha de una relación informal pero privilegiada con el jefe de Estado.
El fallo judicial que la condenó tiene 200 páginas y detalla cómo, en su etapa como funcionaria regional, contrató irregularmente a siete personas de su entorno laboral anterior, sin respetar los procesos legales de selección. Los jueces acreditaron su participación directa y señalaron que actuó con conocimiento pleno de la ilegalidad. Además de esta sentencia, Gálvez registra tres procesos judiciales adicionales, todos en apelación.
La relación entre José Jerí y Gina Gálvez se remonta a los años 2019 y 2020, cuando ambos trabajaron bajo la administración de Juan Carlos Morillo, exgobernador de Áncash y figura clave de Somos Perú. Desde entonces, la red de confianza política se ha mantenido intacta y ha logrado trasladarse del ámbito regional al nacional.
El caso cuestiona con fuerza el discurso ético de Somos Perú, partido que se presenta como defensor de la transparencia. Sin embargo, sus principales figuras mantienen vínculos con gestiones plagadas de irregularidades.
La presidenta de la Comisión de Descentralización, Ana Zegarra, también del mismo partido, enfrenta denuncias por recibir apoyo económico indebido durante su campaña, un patrón que evidencia la fragilidad moral de su cúpula política.
Caso simboliza el retroceso en la lucha contra la corrupción
Mientras la justicia intenta hacer cumplir las sanciones, la práctica política las ignora. Gálvez no solo evita el cumplimiento de una pena efectiva, sino que accede a espacios donde se definen decisiones de gobierno. Su caso simboliza el retroceso en la lucha contra la corrupción y expone la incoherencia de un partido que predica integridad mientras acoge a condenados dentro del poder.
El presidente José Jerí guarda silencio. La presencia de Gálvez en Palacio continúa sin explicación oficial, sin decreto y sin sanción. En un país donde la corrupción se normalizó en los pasillos del poder, este episodio confirma que el discurso anticorrupción de Somos Perú se ha convertido en su máscara más rentable.
